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Anuario Justicia Alternativa, Número 15, Año 2019. Derecho Arbitral.

52,50

Una de las características esenciales del arbitraje, que diferencia claramente este sistema de resolución de conflictos de la jurisdicción, es la confidencialidad. Suele además considerarse como una de las principales ventajas del arbitraje.

En efecto, el arbitraje es, en primer lugar, un medio privado de resolución de conflictos, que goza por tanto de privacidad frente a la publicidad inherente a los procesos judiciales.

Pero privacidad y confidencialidad no son conceptos idénticos, y el arbitraje, entre nosotros, reúne ambas características. Es, como ya se ha dicho, un sistema privado en el que no rige el principio de publicidad de las actuaciones procesales de todo tipo de procedimientos jurisdiccionales previsto y desarrollado en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Pero además, el art. 24.2 de la Ley de Arbitraje establece el principio de confidencialidad, imponiendo a los árbitros, a las partes y a las instituciones arbitrales la obligación de guardar la confidencialidad de las informaciones que conozcan a través de las actuaciones arbitrales.

Por consiguiente las partes de un arbitraje, mediante la aplicación del principio de confidencialidad, evitan que se divulgue la existencia de la controversia, que podría tener efectos reputacionales negativos, pero también impide que se divulguen, como ocurre en la jurisdicción, informaciones de las empresas que se desea mantener en secreto y por tanto cuya difusión se quiere evitar.

En este sentido, conviene recordar que la ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales, destaca la gran importancia de la información confidencial de las empresas. Y dicha norma faculta a los jueces a que puedan adoptar en los procedimientos basados en tal ley, medidas para mantener en secreto durante el juicio las informaciones confidenciales de las empresas.

Pues bien, en sede arbitral dichas medidas no son facultativas sino obligatorias, y no sólo en procedimientos sobre secretos empresariales sino en todos los procedimientos arbitrales.

No cabe, pues, la menor duda de la ventaja que la confidencialidad comporta frente a la publicidad general propia de las actuaciones procesales en la jurisdicción.

El principio de confidencialidad ha sido ya tratado en anteriores números de esta revista, y lo será sin duda en nuevos números, dado que persistimos en la idea de proporcionar al lector trabajos sobre las materias más relevantes de derecho arbitral, como los que encontrará en el presente número.

Francisco Tusquets Trias de Bes

Director

La ejecución del laudo y su anulación. Estudio del Artículo 45 LA

31,73

La Ley de Enjuiciamiento Civil ofrece a las partes numerosas herramientas para garantizar el cumplimiento íntegro de las resoluciones judiciales, principalmente mediante el proceso de ejecución que, a su vez, constituye un elemento esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. De este modo, se abre la posibilidad de ejecución provisional de sentencias y se establece la regla general de prohibición de suspensión del proceso de ejecución de resoluciones, ya sean definitivas o firmes.

Sin embargo, aun habiéndose reconocido el arbitraje como un equivalente jurisdiccional y siendo el laudo una resolución firme de la que se derivan los mismos efectos de ejecutividad y cosa juzgada, su ejecución no recibe el mismo tratamiento que la sentencia. La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, se remite a las normas generales de ejecución para la ejecución del laudo si bien introduce una única excepción, cual es la posibilidad del ejecutado de suspender el proceso de ejecución cuando contra el laudo se hubiera instado la acción de anulación.

Esta prerrogativa, que se reconoce al ejecutado tan solo cuando la ejecución se deriva de un procedimiento arbitral, sitúa el laudo como un título ejecutivo de peor condición que la sentencia y debilita injustificadamente la eficacia del arbitraje.

Mediante el presente trabajo se analizan las distintas cuestiones que pudieran justificar un tratamiento distinto de títulos ejecutivos iguales, tales como la naturaleza jurídica y los efectos del laudo, la naturaleza de la acción de anulación del artículo 40 LA, el proceso de ejecución del laudo y, esencialmente, la excepcional posibilidad de suspensión de la ejecución. Mediante el análisis y la denuncia de estas circunstancias se realiza una sólida defensa del arbitraje como método alternativo a la resolución de conflictos.

Índice (Extracto)

PRÓLOGO.

LISTADO DE ABREVIATURAS.

PRESENTACIÓN.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN: EL ARBITRAJE COMO MÉTODO ALTERNATIVO A LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

CAPÍTULO 2

NATURALEZA JURÍDICA DEL LAUDO.

CAPÍTULO 3

NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE ANULACIÓN Y SUS EFECTOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO.

CAPÍTULO 4

LA EJECUCIÓN DEL LAUDO.

CAPÍTULO 5

LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO.

CAPÍTULO 6

LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA POR LA QUE SE RESUELVE LA ACCIÓN DE ANULACIÓN.

CONCLUSIÓN Y VÍAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO.

RELACIÓN CRONOLÓGICA DE JURISPRUDENCIA.

RELACIÓN DE JURISPRUDENCIA POR MATERIAS.

BIBLIOGRAFÍA.