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El deber de imparcialidad en el ejercicio de la Función Pública. (Derecho de la ciudadanía)

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El objetivo y la finalidad de este libro, es el análisis y la defensa a ultranza del deber de imparcialidad de los funcionarios públicos, como anverso de una moneda en la que el reverso está representado el derecho de los ciudadanos a una Administración neutral , en una especie de conmixtión o compenetración de ambos conceptos, de manera que no es posible su separación, en cuanto que los dos son cosas principales.

En él se examina el decurso histórico y los instrumentos jurídicos puestos a su servicio, sus derivas y su inoperancia práctica debida fundamentalmente al comportamiento desviado de los poderes públicos –políticos- que no reconocen su propio Derecho y que, ignorantes de la historia, ejercitando el poder en su propio beneficio, han regresado a la noche de los tiempos, resucitando una desaforada práctica de consolidación de una Función Pública clientelar, prebendalista y patrimonializada , absolutamente incompatible con la imparcialidad, que en definitiva, constituye un caldo de cultivo propicio para el crecimiento y desarrollo de corrupciones y corruptelas en beneficio de intereses particulares, que hoy constituye la segunda preocupación de los españoles.

Finalmente, tras unas reflexiones ciertamente críticas, se proponen algunas medidas jurídicas –que no son invenciones- para preservar más efectivamente la neutralidad y la independencia del funcionario, en aquellos aspectos o escenarios en los que a mi juicio aparece o puede aparecer más controvertida y comprometida la imparcialidad, y por consecuencia donde más riesgo corren los derechos de los ciudadanos.

Siendo como es el Derecho un fenómeno social, entiendo que puede ser de alguna utilidad ofrecer a la ciudadanía datos, comportamientos y razonamientos jurídicos sobre su aplicación, que sirvan para conocer mejor el problema; para descubrir o redescubrir sus causas, y en definitiva, brindar soluciones que contribuyan a la erradicación o cuando menos a la obstaculización mediante el control interno de las propias Administraciones a través de una Función Pública profesionalizada, imparcial e independiente.

En suma, algo tan simple y tan complejo como es la eficacia social del Derecho, más allá de su validez formal, que en éste ámbito se incumple sistemáticamente por quienes primeramente están llamados a cumplirlo –los políticos- en quienes el concepto jurídico de imparcialidad no ha calado como norma de cultura.

MIGUEL YABEN PERAL, es Abogado, Colegiado de los Ilustres Colegios de Oviedo y Madrid, y miembro de la Corte de Arbitraje de éste último.

Ex Letrado Consistorial, se licenció en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares donde cursó estudios de Doctorado obteniendo la Suficiencia Investigadora y seguidamente la Diplomatura en Estudios Avanzados de Doctorado por la Universidad de Valencia. Es Diplomado Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales. Ha sido Tutor de las Prácticas Jurídicas Externas de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III. Autor de diversas Memorias de Investigación y Ponencias en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Es Asesor Jurídico de Empresa.

Su carrera profesional la ha desarrollado como Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Galapagar en el que ha ocupado diferentes Puestos en distintas Escalas y Subescalas, desde Auxiliar hasta Letrado Consistorial Jefe de los Servicios Jurídicos en cuyo cargo se ha jubilado, y en el que ha llevado la Dirección Letrada de centenares de procesos judiciales, fundamentalmente en el orden contencioso.

Los derechos fundamentales del detenido. Ley reguladora de bases de régimen local. Más de treinta años de desamparo en los calabozos.

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A día de hoy no existe una disposición legal que referencie la naturaleza jurídica de las estancias que configuran los depósitos municipales de detenidos, encontrándonos en un escenario con múltiples intervinientes físicos y jurídicos que no pueden homogeneizar las garantías jurídicas consignadas en nuestra Carta Magna a las personas privadas temporalmente de libertad.

Desde la promulgación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, hace ya más de treinta años, existe un vacío legal que pretende paliarse con la aprobación por parte de determinados Ayuntamientos de Reglamentos internos, en los que se intentan regular entre otros aspectos: el ingreso y cacheo del custodiado, el régimen de sus visitas, sus derechos y deberes, ó como debe realizarse su vigilancia y traslado…

Este libro es fruto de una reflexión personal sobre la necesidad de elaborar y aprobar una Ley Orgánica de custodia de detenidos, pues sólo así se preserva la integridad y el ejercicio efectivo de sus Derechos Fundamentales mientras su actividad deambulatoria se encuentra vetada.

Amalia Fustero Bernad. Juez adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Máster en: Derechos Fundamentales, Criminología y Criminalística, Compliance Officer y en Criminalidad juvenil e intervención delictiva y penitenciaria. Especialista Universitario en Mediación familiar, civil y mercantil. Conferenciante y colaboradora de distintas revistas jurídicas.