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Criminología de la corrupción urbanística y la prevaricación funcionarial.

19,00

En este trabajo se aborda exhaustivamente toda la problemática de la criminología de la corrupción urbanística y la prevaricación funcionarial, centrándonos en particular en la Administración más cercana a los ciudadanos como son los Ayuntamientos, pues de todas las Administraciones Públicas que obtienen ingresos vinculados a la actividad inmobiliaria, es en la Administración Local donde mayor incidencia tienen, toda vez que de los cinco impuestos que existen en el Texto Refundido de la Ley 2/2004 Reguladora de las Haciendas Locales, tres de esos tributos tienen su fuente en el urbanismo.

La actividad urbanística es el más importante sector competencial de la acción administrativa municipal, siendo la principal vía de financiación de las Corporaciones Locales que cada vez están más endeudadas. La mayoría de los gobiernos municipales han visto el urbanismo como la gallina de los huevos de oro, dado que han visto la solución a la precaria situación de las arcas municipales.

Con la entrada en vigor de la LO 5/2010, se ha ampliado el número de elementos urbanísticos sobre lo que puede ser informados favorablemente objeto de la emisión del informe de los que hace referencia el precepto del 320 CP. Con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica, se hacía referencia al artículo 320 CP, a la emisión de informes favorables de proyectos de edificación y concesión de licencia, y a partir de ahora, también pueden ser objeto de informes los instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación y los proyectos de construcción o edificación. Además también con esta reforma se ha criminalizado en el artículo 320 del CP la conducta del funcionario que silencie la infracción de las normas urbanísticas, o la omisión de la realización de inspecciones de carácter obligatorio.

José Antonio Martínez Rodríguez nació en Arahal (Sevilla), el 7 de diciembre de 1963. Es Doctor en Derecho Penal y Procesal por la Universidad de Sevilla, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional del Educación a Distancia (UNED); Letrado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla; Asesor Jurídico de la Delegación de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Arahal; Diplomado en Estudios Avanzados por el Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla, Máster Superior en Prevención de Riesgos Laborales; Diploma en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal; Diploma en Gestión Laboral y Seguridad Social por el Centro de Estudios Técnicos Empresariales; Diploma en Derecho Urbanístico y Medio Ambiente; Diploma en Derecho Penitenciario por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.

Demolición, reposición y comiso en los delitos urbanísticos.

30,00

Esta monografía gira en torno a las consecuencias jurídicas de los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo regulado en el artículo 319.3 CP, después de la última reforma operada mediante Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, como es la condena de demolición de la obra ilegalmente construida, la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, y el decomiso de las ganancias provenientes del delito urbanístico cualesquiera que sean las transformaciones.

En este trabajo se hace un estudio en profundidad del bien jurídico protegido, del principio de intervención mínima o última ratio y la responsabilidad civil ante la demolición. Asimismo, también se aborda de manera minuciosa la ejecución de las sentencias por la comisión de los delitos urbanísticos contenidos en los apartados primero y segundo del artículo 319 CP, la inactividad de la administración, y los plazos para la ejecución de la demolición dictada por sentencia firme en la jurisdicción penal o en el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.

Como novedad se hace un análisis jurídico sobre la institución de la figura de la declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), después de la aprobación por el gobierno andaluz del Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde esta normativa viene a regular el tratamiento de las edificaciones irregulares sobre las que ya no cabe adoptar legalmente medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado y de ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística por haber trascurrido los plazos establecidos.

Y finalmente se realiza un estudio minucioso de todo el iter cronológico judicial en lo referente al periplo que rodea la construcción del colosal hotel “El Algarrobico”.

Por ello, en base al contenido científico, a la jurisprudencia estudiada y plasmada en este trabajo, así como a la prolija bibliografía referenciada, este estudio es un instrumento idóneo para aquellas personas que operan cada día en la aplicación e interpretación de los tipos delictivos cometidos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

José Antonio Martínez Rodríguez nació en Arahal (Sevilla), el 7 de diciembre de 1963. Es Doctor en Derecho Penal y Procesal por la Universidad de Sevilla, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional del Educación a Distancia (UNED); Letrado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla; Asesor Jurídico de la Delegación de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Arahal; miembro del Grupo Andaluz de Investigación Jurídica, Diplomado en Estudios Avanzados por el Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla, Secretario de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Arahal (Sevilla); Máster Superior en Prevención de Riesgos Laborales; Diploma en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal; Diploma en Gestión Laboral y Seguridad Social por el Centro de Estudios Técnicos Empresariales; Diploma en Derecho Urbanístico y Medio Ambiente; Diploma en Derecho Penitenciario por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.