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Actores no estatales y responsabilidad internacional del Estado.

59,00

El Estado puede lesionar los bienes e intereses jurídicos internacionalmente protegidos sirviéndose de un entramado complejo de actores que interactúan en el contexto internacional y que aumentan de forma exponencial. A las tradicionales bandas armadas, grupos rebeldes o mercenarios, se han venido a sumar las empresas militares y de seguridad privadas, señores de la guerra y células terroristas. Ante esta realidad en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado, el reto del Derecho internacional contemporáneo es contar con principios y normas jurídicas para determinar cuándo el Estado se encuentra detrás de una actuación en principio privada y en qué grado ese comportamiento es merecedor de reproche en el ordenamiento jurídico internacional. En este contexto, la presente obra tiene por objeto conocer cuándo, en qué circunstancias y con qué condiciones puede realizarse la atribución al Estado del comportamiento de los particulares. Con dicho fin, la misma se divide en dos partes. La primera –De la Práctica a la Teoría– analiza los principios fundamentales de carácter consuetudinario que rigen la responsabilidad internacional del Estado en lo que atañe al comportamiento privado: de un lado, el principio de no atribución al Estado del comportamiento de los particulares; y, de otro, el principio conforme al cual al Estado se le atribuye el comportamiento de los particulares que actúan en su nombre. El estudio de ambos principios, parte del examen de la jurisprudencia y de la práctica estatal, para explorar con posterioridad su concreción en el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional. La segunda –De la Teoría a la Práctica– se centra en el estudio de la jurisprudencia internacional más reciente. En ella se examina en un primer momento la responsabilidad en la que puede incurrir el Estado por la conducta de los particulares en el marco de los mecanismos regionales de protección de los derechos humanos y, seguidamente, se analizan los distintos grados de control manejados por los órganos judiciales como criterios para considerar como hecho del Estado el acto de los particulares. Este análisis se realiza con un doble objetivo: determinar, por una parte, cuál de ellos es más acorde con la lógica del Derecho de la responsabilidad internacional del Estado, y por otra, perfilar desde un plano teórico las soluciones que podrían articularse para cubrir los diferentes supuestos fácticos que se dan en la práctica internacional.

Vanessa Ballesteros Moya es licenciada en Derecho por la UCLM con la obtención de Premio Extraordinario. Beneficiaria de distintas becas para la investigación, cursó el Programa de Doctorado sobre «Interpretación de Derechos y Libertades Constitucionalmente Reconocidos», el cual culminaría con la defensa de su Tesis Doctoral (2013) que obtuvo la calificación de Sobresaliente Cum Laude. Entre los centros donde ha desarrollado su actividad investigadora destacan el Centre of African Studies de la Universidad de Edimburgo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (San José, Costa Rica) y la Clínica Jurídica de Derecho Internacional Penal y Humanitario de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Entre sus publicaciones más recientes se encuentran «Responsabilidad internacional y atribución basada en el reconocimiento del comportamiento: el artículo 11 del Proyecto de la CDI», RECorDIP, Córdoba (Argentina), 2014 y «The Privatization of the Use of Force meets the Law of State Responsibility», AUILR, Washington, 2015. En la actualidad, es Profesora Ayudante Doctora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real (UCLM).

Aproximación legislativa versus reconocimiento mutuo en el desarrollo del espacio judicial europeo: una perspectiva multidisciplinar.

49,00

La presente obra constituye el resultado final de un Proyecto de Investigación que bajo el mismo título dirige la investigadora principal, Mar Jimeno Bulnes, Catedrática de Derecho Procesal. Los autores pertenecen al equipo de investigación adscrito a dicho proyecto. El mismo se haya formado por profesores doctores de diversas universidades de las áreas de Derecho Internacional Privado, Penal y Procesal siendo mayoritaria la participación de esta última rama.

La materia objeto de tratamiento es a la fecha de indiscutible actualidad a partir del desarrollo del espacio judicial europeo y así la promulgación de instrumentos procesales (y materiales) varios a fin de hacer posible la cooperación judicial en la Unión Europea entre jueces y tribunales de los distintos Estados miembros, tanto en el ámbito civil como penal. Base jurídica de los mismos se encuentra en sendos principios hoy día contenidos ya en arts.81.1 y 8.1 TFUE a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, bien de reconocimiento mutuo o bien de aproximación legislativa, de ahí el título del proyecto y presente obra. Ante la imposibilidad de abordar el tratamiento completo de todos los instrumentos procesales a la fecha dictados (o de próxima aprobación) por parte de las instituciones europeas se realiza una selección de los mismos en función de su actualidad y/o novedad así como implantación en España, si fuera necesario mediante legislación específica.

En cuanto a la metodología empleada, el examen de tales instrumentos materiales y procesales se realiza desde una doble perspectiva legislativa y jurisprudencial tanto de sede europea como en unos y otros Estados miembros, de modo especial, lógicamente España. No se olvida por ello la referencia específica a la jurisprudencia europea existente en este ámbito del llamado ‘espacio judicial europeo’. Así también se aborda el análisis de los instrumentos orgánicos que facilitan el alcance efectivo de dicha cooperación judicial europea entre las distintas autoridades judiciales desde la doble perspectiva civil y penal realizando hoy elección por la institución de mayor alcance, cual es la futura fiscalía europea en el seno del proceso penal.

Dada la amplitud de la materia, la visión de cada uno de los apartados se realiza de forma breve pero no por ello menos exhaustiva y profunda, presentándose en cada caso la legislación, jurisprudencia y bibliografía de referencia, de procedencia nacional o extranjera.

Por todo ello, el contenido del presente estudio resulta idóneo para posibles destinatarios procedentes tanto del ámbito académico como judicial: docentes, investigadores, jueces, magistrados, abogados, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales, policiales, estudiantes, etc.

Derecho aduanero tributario de la Unión Europea. Nacimiento de la deuda aduanera.

25,00

El trabajo presenta un estudio crítico, descriptivo y analítico de la normativa aduanera de la Unión Europea, con especial énfasis en el nacimiento de la obligación de pago del tributo aduanero.

En el primer capítulo se abordan cuestiones generales, estudiando los Tratados constitutivos y la delimitación de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros en materia de aduanas; para posteriormente hacer un análisis de las principales normas comunitarias relativas a la determinación de la deuda; y concluir la parte general, con la imperante necesidad existente de que el legislador comunitario lo haga en materia de gestión de los tributos aduaneros, ante el abandono normativo de los Estados miembros de la Unión Europea.

En los siguientes capítulos se abordan temas particulares sobre los supuestos generadores de la deuda aduanera, en los que se hace un análisis de sus particularidades y los distintos elementos que los integran, para determinar su naturaleza jurídico tributaria.

Carlos Gerardo Herrera Orozco

Abogado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca.

Ha realizado estancias de Investigación en:

– Universidad de Coímbra (Portugal)

– Comisión Europea (Bélgica)

Profesor Investigador de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. (Líneas de Investigación: aspectos económicos de la democracia; tributación de partidos políticos y candidatos independientes; Derecho electoral internacional y Comparado).

Profesor de Derecho Económico, Fiscal y Aduanero de la Universidad de Guadalajara.

Secretario Académico del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.

EXTRACTO DEL INDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1. EL DERECHO ADUANERO COMUNITARIO EUROPEO

CAPÍTULO 2. EL NACIMIENTO DE LA DEUDA ADUANERA

CAPÍTULO 3. LA DEUDA ADUANERA GENERADA POR IRREGULARIDADES E INCUMPLIMIENTO.

ANEXO I

ANEXO II

BIBLIOGRAFÍA

JURISPRUDENCIA

LEGISLACIÓN

Derecho de la Unión Europea.

20,00

La presente monografía está dedicada al estudio de la Unión Europea y de su ordenamiento jurídico. Parte del estudio de la naturaleza jurídica de la Unión, de sus objetivos y de sus competencias legislativas (Capítulos 1 a 3). A partir de aquí, la obra está dedicada al estudio del derecho de la Unión Europea. Incide en las características generales de este ordenamiento jurídico (Capítulo 4) , en su sistema de fuentes (Capítulos 5 y 6) y en la cuestión relativa a la relación existente entre el ordenamiento jurídico de la Unión y los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, incluyéndose aquí el estudio de los principios de primacía y de efecto directo, entre otros principios de aplicación del derecho de la Unión.

La obra presenta una visión actual y detallada del ordenamiento jurídico de la Unión que incluye referencias a la jurisprudencia clásica del Tribunal de Justicia, así como a sentencias adoptadas durante las dos primeras décadas del siglo XXI. Resulta muy útil para estudiantes del grado en Derecho, del grado en Ciencias Políticas y del grado en Gestión y Administrativa. Cualquier interesado en la materia encontrará en esta obra un trabajo científico que revela un conocimiento profundo y riguroso de la materia.

Marta Ortega Gómez es profesora de Derecho Internacional Público y Derecho Comunitario Europeo en la Universidad de Barcelona. Es autora de numerosas publicaciones incluidas las siguientes obras: El acceso de los particulares a la justicia comunitaria (Ariel, 1999), Patentes Farmacéuticas y Países en desarrollo (Difusión Jurídica, 2011), La Comisión Europea y el Gobierno de la Unión (Marcial Pons, 2012), Las políticas de la Unión Europea en el siglo XXI, J.M. Bosch, 2017.

Colabora como investigadora en proyectos de investigación de ámbito estatal e internacional. Ha colaborado con prestigiosas universidades y centros de investigación, en concreto, con la Witthier University de Estados Unidos y la Universidad de Cambridge en el marco del Herbert Smith Freehills Visitor Scheme.

Derecho internacional público contemporáneo.

50,00

Quien escudriñe las páginas del libro del profesor Mazzuoli, quedará atrapado con su exposición, tanto de ideas propias como de ajenas. De hecho, el manejo de sus fuentes en varios idiomas –italiano, francés, alemán, inglés, español y portugués–, no nos deja duda de la exhaustividad de sus fuentes.

Tenemos mucho que aprender de los juristas brasileños, pues la academia brasileña ha forjado una cantidad grande de escuelas y juristas que son de provecho. Por eso, desde Editorial Cuscatleca y J. M. Bosch hemos emprendido este esfuerzo de lograr mayor difusión de las obras brasileñas y lograr influenciarnos –¿¡por qué no!?– de sus hallazgos.

Durante diez años consecutivos se ha ampliado y actualizado este libro, con inmensa dedicación y mucho esfuerzo por parte del profesor Mazzuoli. Nuestra intención, es la de tratar en profundidad todos los temas del contemporáneo Derecho Internacional Público y enfrentar las cuestiones más complejas de esa disciplina, todo con el fin de presentar las respuestas y soluciones que entendemos adecuadas. Durante todos estos años, no se han escatimado esfuerzos en proporcionar a nuestros lectores lo más actual, tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial, que existe en relación al mosaico de temas que orbitan en el Derecho Internacional Público.

También se han añadido ejemplos de interés general en varias partes del libro, con el fin de aclarar cuestiones teóricas, complementar los temas y facilitar la comprensión del texto. Con eso dejamos el libro más digerible al lector de lengua hispánica y atendemos a los mayores intereses de profesores y alumnos de esos países.

El arbitraje entre la autonomía de la voluntad de las partes y el control judicial.

39,00

En la actualidad se observa con carácter general, pues existen excepciones muy sonadas en España, una práctica fluida en torno al control judicial sobre el procedimiento arbitral y sobre el laudo que se aprecia en la capacidad concedida al árbitro para juzgar la validez de su propia competencia o en la admisibilidad de mayores cotas de arbitrabilidad y en una apreciación ponderada de las causales de anulación. Los linderos entre el ejercicio de la autonomía de la voluntad y el necesario control judicial son variables, pero tienden a estrecharse dentro de un debate doctrinal inacabado y de una práctica jurisprudencial heterogénea que, sin embargo, evidencia un debilitamiento del control ejercido por el juez estatal sobre el procedimiento y sobre el laudo. De la delimitación adecuada de estos linderos depende la existencia misma de la institución arbitral.

Ana Fernández Pérez

Licenciada y Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Premio extraordinario de doctorado. Profesora de Derecho internacional privado de la Universidad de Alcalá de Henares. Árbitro del Consejo Arbitral para el Alquiler en la Comunidad de Madrid. Autora de tres monografías y más de cuarenta publicaciones entre artículos científicos y capítulos de libro. Ha realizado diversas estancias de investigación en Universidades extranjeras. Ponente y conferenciante en numerosos congresos y seminarios internacionales. Una de sus principales líneas de investigación es el arbitraje comercial internacional y el arbitraje de inversiones.

El control de las normas internas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Especial consideración de su aplicación en España y Nicaragua.

37,00

El control jurisdiccional de las normas internas practicado por la Corte IDH y el TEDH adquiere, cada vez más, especial interés en el estudio comparativo de sus relaciones y el diálogo jurisdiccional. La interpretación de los actos normativos como hechos estatales sujetos de control internacional pone en perspectiva la interacción de sistemas normativos autónomos y de los mecanismos institucionales de garantía en los ordenamientos jurídicos nacionales. El estudio comparativo de su aplicación en España y Nicaragua evidencia un test de convencionalidad que tiene como parámetro de juicio la compatibilidad con los tratados constitutivos y la jurisprudencia desarrollada en ambos sistemas regionales, que discurren en ciertas semejanzas y disimilitudes propias de la evolución e interpretación de los ámbitos competenciales de los tribunales regionales; pero también de una narrativa jurisprudencial que retoma las distintas tradiciones jurídicas de países europeos y americanos y la protección interna de los derechos fundamentales.

Byron G. Cárdenas Velásquez. Doctor en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los derechos humanos. Trayectoria profesional en diversas instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en diversos países.

El control de las normas internas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Especial consideración de su aplicación en España y Nicaragua.

37,00

El control jurisdiccional de las normas internas practicado por la Corte IDH y el TEDH adquiere, cada vez más, especial interés en el estudio comparativo de sus relaciones y el diálogo jurisdiccional. La interpretación de los actos normativos como hechos estatales sujetos de control internacional pone en perspectiva la interacción de sistemas normativos autónomos y de los mecanismos institucionales de garantía en los ordenamientos jurídicos nacionales. El estudio comparativo de su aplicación en España y Nicaragua evidencia un test de convencionalidad que tiene como parámetro de juicio la compatibilidad con los tratados constitutivos y la jurisprudencia desarrollada en ambos sistemas regionales, que discurren en ciertas semejanzas y disimilitudes propias de la evolución e interpretación de los ámbitos competenciales de los tribunales regionales; pero también de una narrativa jurisprudencial que retoma las distintas tradiciones jurídicas de países europeos y americanos y la protección interna de los derechos fundamentales.

Byron G. Cárdenas Velásquez. Doctor en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los derechos humanos. Trayectoria profesional en diversas instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en diversos países.

El control judicial de los medios de comunicación.

33,00

El presente trabajo se ha centrado en el análisis del control judicial y los parámetros utilizados por la jurisprudencia para resolver las colisiones entre derechos en materia de medios de comunicación, tanto desde una perspectiva comparada como del propio ordenamiento jurídico interno. Los actuales sistemas de control de los medios de comunicación tienden a confluir, con interconexiones entre los diferentes mecanismos de ejercicio del control, que se pueden caracterizar como actividades de autorregulación, corregulación y de regulación. La actividad de ponderación judicial tiende a objetivizar los comportamientos, de forma que se puede decir que configuran parámetros que funcionan como normas y que recaen sobre la responsabilidad de los medios para determinar la importancia del objeto o contenido de la información o el cumplimiento de un código ético de carácter profesional. La importancia creciente de los medios de comunicación audiovisual implicará que se extienda los parámetros combinados de control a los otros medios de comunicación como la prensa escrita, que deberá adoptar criterios de autorregulación, corregulación y de regulación similares a los utilizados en la Ley General de Comunicación Audiovisual y compatibles entre sí.

El derecho a la lengua propia en el ordenamiento internacional y de la UE.

41,00

La actual imbricación de los ordenamientos jurídicos plantea la necesidad del análisis del orden internacional y de la UE en lo que atañe a cómo reconocen el derecho al uso de la lengua propia a los minoritarios en el seno del Estado. En la Comunidad internacional se constata a partir de la segunda mitad del S. XX el abandono del paradigma de la negación del otro, encarnado por el caso francés y alemán, y el paso al de respeto de la diversidad lingüística. Éste, durante bastante tiempo entendido como encarna el modelo americano de “laico en lo cultural”, es a partir de los años 90 y de los documentos del Consejo de Europa, de la mano de la igualdad y de la identidad, que el Estado asume compromisos de procura de condiciones para el florecimiento del pluralismo idiomático, todo con el objetivo último de la integración o de la cohesión social. La UE en este terreno asume los enunciados de la anterior organización regional y ha llegado a erigir el principio de diversidad idiomática a rango constitucional, en liza con otros tan capitales como las libertades comunitarias y la libre competencia.

Patricia Fabeiro Fidalgo es doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional y Administrativo en la UNED y abogada.

El Derecho del mar y las personas y grupos vulnerables.

51,00

La evolución del Derecho del mar ha dejado en descubierto la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan personas y colectivos humanos. Esta obra trata de hacerse eco de esta evolución y de la actualidad de las cuestiones que se refieren a las personas y los grupos vulnerables en un entorno marítimo, presentando estas situaciones desde una perspectiva jurídica. En este sentido, se tratan cuestiones como: los Derechos humanos desde una perspectiva del Derecho del mar; los Estados fallidos en el orden jurídico de los mares y océanos; el caso de los niños quienes pueden ser objeto de trata de personas y de trabajo forzoso; la situación particular de las gentes del mar jubiladas; la presencia de la mujer en el mundo marino, y en particular, en la pesca; la situación de las personas que prestan su trabajo en entornos laborales poco escrupulosos con el respeto de los derechos sociales como ocurre con frecuencia en buques con pabellón de conveniencia o no cumplidores con las normas internacionales; la crisis migratoria en el mar; las personas y los grupos vulnerables de los países en desarrollo y de los pequeños Estados insulares y archipelágicos que se están enfrentando a desafíos singulares y particulares puestos en evidencia por la evolución del Derecho del mar, tales como el calentamiento global, la elevación del nivel del mar, así como el acceso y el reparto de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos marinos; la situación de los Territorios no autónomos en el Derecho contemporáneo del mar; y los Derechos pesqueros de los pueblos indígenas.

El Derecho internacional del agua: Los acuíferos transfronterizos.

59,00

El agua es un recurso vital, por lo que resulta extremadamente importante regular todos los lugares en los que se encuentra, incluidos los acuíferos, la mayor fuente de agua dulce disponible para la Humanidad. En este libro se ofrece un estudio de la regulación internacional de los recursos hídricos compartidos, tanto por el Derecho de los Cursos de Agua Internacionales tradicional como de sus desarrollos más recientes, procedentes del Derecho Internacional del Medio Ambiente, el Derecho Internacional Económico o el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y, de forma especial, el incipiente régimen jurídico de los acuíferos transfronterizos. Además, se analiza cómo se han plasmado en esta regulación la soberanía y la cooperación. Por un lado, los Estados ejercen su soberanía sobre el agua que se encuentra en su territorio, a pesar del encaje imperfecto que pueda tener sobre un recurso fluido, en constante movimiento y transformación a través del ciclo hidrológico y que no conoce de fronteras. Además, presenta particularidades en relación con los acuíferos, sobre todo, debido a la existencia de una formación geológica contenedora de las aguas subterráneas. Por otro, la cooperación sobre los recursos hídricos compartidos es consustancial a la propia historia de su regulación y cuenta con una multiplicidad de manifestaciones a nivel interestatal, regional y universal, predominando sobre las muestras de conflicto. No obstante, la dimensión global de los recursos hídricos y de los problemas a los que tienen que hacer frente pone de manifiesto las limitaciones de los enfoques puramente interestatales en su ordenación y han provocado, incluso, el surgimiento de tendencias internacionalizadoras sobre los mismos. Tendencias que, paradójicamente, conviven con intentos de reforzamiento de los derechos soberanos de los Estados sobre los recursos hídricos situados en su territorio.

Laura Movilla Pateiro es profesora del área de Derecho Internacional Público de la Universidad de Vigo. Licenciada en Derecho por la misma Universidad en 2008, cursó el Máster en Estudios Internacionales de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) en 2009 con una beca de la Fundación “La Caixa” y se doctoró en Derecho Internacional Público en la Universidad de Vigo en junio de 2014 en el marco de una beca-contrato del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El documento público extranjero en España y en la Unión Europea. Estudios sobre las características y efectos del documento público.

59,00

El aumento de movilidad transfronteriza de las personas y de las empresas, en especial en ámbito intraeuropeo teniendo en cuenta las libertades de circulación de la Unión Europea, plantea a los operadores jurídicos dudas respecto la validez y eficacia de los documentos públicos emitidos por la autoridad de un Estado que deben presentarse ante las autoridades de otro Estado.

Dudas como: ¿inscribirá el registrador de la propiedad una escritura notarial extranjera? ¿qué valor probatorio tiene un certificado extranjero ante el Juez español? ¿el documento tiene que estar apostillado o está exento de cualquier forma de legalización? ¿es necesario el procedimiento de exequátur para ejecutar en otro Estado de la UE un documento público que ostenta fuerza ejecutiva en España? ¿qué validez tiene el recién introducido certificado sucesorio europeo? A menudo las respuestas no están suficientemente claras en la legislación y en la jurisprudencia españolas. Además es necesario congeniar el ordenamiento autónomo español con la normativa de fuente convencional y, especialmente, con la fuente europea incluidas las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El objetivo de esta obra colectiva es presentar las distintas situaciones jurídicas y administrativas ante las que se enfrentan los ciudadanos y las empresas, y con ellos sus abogados y notarios, así como los jueces y encargados de los registros, cuando tienen que aceptar y reconocer efectos a documentos públicos emitidos por autoridades de otros Estados. Para ello resulta necesario analizar cómo la legislación española regula la validez, la aceptación y el reconocimiento de efectos de los documentos públicos no judiciales extranjeros ante nuestras autoridades registrales, judiciales o administrativas, y comprobar cómo se aplica dicha normativa ante los órganos judiciales y autoridades españolas. Con este fin, resulta imprescindible desmenuzar analíticamente la normativa y las incesantes propuestas de Reglamentos que nos llegan de la Unión Europea que afectan, o substituyen nuestra legislación interna y que necesariamente el operador jurídico tendrá que conocer y aplicar.

En los límites de la exclusión de la responsabilidad penal. El caso “Jakob von Metzler” y el empleo de la tortura en el estado de derecho.

65,00

La tortura constituye sin duda una conducta delictiva que resulta incompatible con los estándares que caracterizan al Estado social y democrático de Derecho vigente en la amplia mayoría de las democracias occidentales. Dicha violencia física o psicológica infligida por representantes del poder estatal constituye no sólo un ilícito penal según los Textos punitivos internos, sino que, al mismo tiempo, contraviene la normativa internacional aprobada en la materia a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, la evolución cuantitativa y, sobre todo, cualitativa producida en determinados ámbitos de criminalidad, incluyendo la violencia terrorista, ha hecho que en no pocos países democráticos se haya discutido sobre la eventual legitimidad de la denominada «tortura de rescate», a saber, aquellos casos en los que las partes implicadas no se reducen únicamente al torturador y al destinatario de la violencia estatal, sino que más bien cabe hablar de una constelación triangular, en la cual hay que incluir también a la víctima cuya vida se encuentra en serio peligro debido a la acción cometida por la persona detenida, destinataria directa de la tortura. Teniendo en cuenta estos precedentes teóricos, el objetivo del siguiente trabajo se centra en analizar la posible justificación de la «tortura de rescate» a partir del legendario caso «Jakob von Metzler», ocurrido en Alemania en el año 2002. Para ello, el análisis va mucho más allá de una perspectiva exclusivamente jurídico-penal, abordando más bien la problemática desde aspectos tan diversos –a la vez que relevantes– como son la Criminología, la Ética, el Derecho internacional, el Derecho policial o el Derecho constitucional.

Miguel Ángel Cano Paños es Profesor Titular de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Granada. Tras la Licenciatura en Derecho y la Diplomatura en Criminología en la Universidad de Barcelona, Caño Paños se trasladó en el año 1996 a la Universidad de Münster (Alemania), donde realizó un Máster en Derecho Penal bajo la dirección científica de Eberhard Struensee. Posteriormente, en el año 1999 se trasladó a la Universidad de Potsdam (Alemania), con el objetivo de realizar la tesis doctoral en Derecho Penal, dirigida esta vez por Wolfgang Mitsch, concluyéndola con éxito en el año 2003. Tras varias estancias postdoctorales en varios países extranjeros, Cano Paños regresó a España en el año 2008 tras haber obtenido un contrato Ramón y Cajal, siendo su destino la Universidad de Granada, donde obtuvo su plaza de Profesor Titular de Universidad en el año 2014. Posteriormente, en el año 2015 obtuvo su doctorado en Criminología en la Universidad de Murcia, siendo su tesis dirigida por Jesús Barquín Sanz. Los ámbitos de investigación de Cano Paños se centran fundamentalmente en temáticas vinculadas tanto al Derecho Penal como la Criminología, debiendo destacarse la delincuencia terrorista, el crimen organizado, las consecuencias jurídicas del delito, el Derecho penitenciario, las teorías de la criminalidad o la delincuencia juvenil y el Derecho penal de menores. En este sentido, Cano Paños cuenta con numerosas publicaciones, tanto en España como en otros países, debiendo destacarse sus monografías El futuro del Derecho Penal Juvenil Europeo (2006), Generación Yihad: La radicalización islamista de los jóvenes musulmanes en Europa (2010) o Régimen penitenciario de los terroristas en España. La prisión como arma para combatir a ETA (2012).

Grafeno, innovación, derecho y economía. (Estudios en homenaje al Profesor Marcos Sacristán Represa).

54,00

“De modo particular, o Brasil figura estrategicamente como o país com a maior reserva estimada de grafita do mundo e a Espanha como o país com maior capacidade de produção de grafeno na atualidade. Daí, pois, a presente obra reunir professores da Universidade de Salamanca e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, fundamentalmente; e, ainda, o MACKPESQUISA apoiar . Além do mais, a União Europeia criou um fundo de fomento à pesquisa tecnológica com grafeno sem precedentes na história mundial: o consórcio GRAPHENE FLAGSHIP, que conta com uma dotação de €1.000.000.000,00 (Um Bilhão de Euros). Portanto, estou convencido que este pioneiro livro com reflexões jurídicas e socioeconômicas sobre o grafeno e seus insumos é muito importante, em especial, diante da existência de lacunas e obscuridades verificadas nos ordenamentos jurídicos sobre o tema.” João Bosco COELHO PASIN.

“Incardinado dentro del nuevo programa de la Unión Europea: HORIZON 2020 (H2020) para la financiación de la investigación y la innovación durante el período 2014-2020, se encuentra el programa denominado GRAPHENE FLAGSHIP con el objetivo de ‘sacar’, en los próximos diez años y con el respaldo de la nada despreciable cifra de mil millones de euros, el grafeno del mero ámbito académico-industrial o de los laboratorios y centros de investigación, a la sociedad – transferencia tecnológica –, en sectores tales como la microelectrónica, la energía, la aeronáutica y los biomateriales.” Miguel Ángel GONZÁLEZ IGLESIAS.