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Administraciones públicas: vías de hecho y violación de Derechos Fundamentales.

72,00

Si el titular de un bien inmueble es privado del mismo por vía de hecho o acto arbitrario de una Administración Pública sin indemnización, en Francia tendrá la certidumbre de acudir a un Tribunal Civil, en Alemania tendrá la certidumbre de acudir a un Tribunal Contencioso-Administrativo, y en España, como en Alemania antes de la Ley de 1960, tendrá la incertidumbre de a cuál de los dos Tribunales acudir, y en ambos casos podrá recibir cualquier tipo de resolución; situación de gran inseguridad jurídica de las leyes procesales internas que viola los derechos fundamentales europeos a un Tribunal y a un plazo razonable y, por ende, a un juicio justo.

Esta obra reproduce documentalmente demandas, pruebas, sentencias, y demás trámites esenciales ante un hecho concreto, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad ciudadana ante la Administración.

El contenido del libro se corresponde con el escrito presentado al Parlamento Europeo, en fecha 10 de diciembre de 2015, en ejercicio del derecho fundamental de petición, y con la totalidad de la documentación acompañada al mismo. En él se reproduce toda la información esencial que acredita la alegación de manifiestamente arbitraria dejación de funciones de todos los poderes públicos, en la que quedan retratados en su proceder, paso a paso, todos los intervinientes: El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe (Huesca), la jurisdicción contencioso-administrativa, la jurisdicción civil, -especialmente la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo- el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ninguno de ellos llegó ni tan siquiera a determinar la jurisdicción competente en España en casos de vías de hecho o actos arbitrarios de las Administraciones Públicas, si la civil o la contencioso-administrativa.

Frente a esa verdad, sólo queda la denuncia democrática, doctrinal (de los juristas, en especial los constitucionalistas, los procesalistas, los civilistas y los administrativistas) y ciudadana, para impulsar la voluntad de los poderes públicos, legislativos y judiciales, españoles y europeos, hacia una sociedad con una mayor seguridad jurídica y –por tanto- social y económicamente más avanzada.

ENRIQUE GARCÍA PONS

Titulado en Periodismo y en Derecho, y Doctor cum laude en Derecho Constitucional y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona.

En el ámbito de la comunicación ejerció como redactor de Catalunya Express, redactor y director de Repórter, director de Primera Plana; colaboró en diversos medios, entre ellos Interviú y Europa Press; y participó activamente desde un primer momento en la puesta en marcha de El Periódico de Catalunya y de la publicación gratuita Todo Barcelona.

En el mundo del derecho desempeñó múltiples actividades profesionales, como de abogado, de funcionario en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de técnico en el Ayuntamiento de Badalona, de abogado en la Abogacía del Estado en Barcelona, de juez en Badalona y Barcelona en cuatro jurisdicciones, y de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Es autor de numerosos artículos doctrinales y de varios libros, entre ellos Historia de la prensa badalonesa y Responsabilidad del Estado, la justicia y sus límites temporales.

Desencuentros entre la Policía y el público. Factores de riesgo y estrategias de gestión.

29,00

La inmensa mayoría de los encuentros entre la policía y la ciudadanía son placenteros y satisfactorios para ambas partes, tal como demuestran los resultados de las encuestas existentes en estos momentos. Sin embargo, cuando algunos de esos encuentros, a causa de los múltiples factores que pueden incidir en ellos, se complican y se acaba utilizando algún tipo de fuerza por una o ambas partes las controversias que se originan pueden tener consecuencias notables de cara a la opinión pública y para las relaciones de la policía con el público, relaciones vitales para la legitimidad policial en un estado democrático. Las discusiones en relación a estos desencuentros suelen ser muy viscerales y adolecen de fundamentos sólidos. De hecho, no hay en nuestro contexto estudios solventes sobre los factores que inciden en la aparición de tensión en los encuentros entre la policía y los miembros del público. Es necesario, por tanto, identificar tan detalladamente como se pueda los factores, personales, sociales, culturales y contextuales, que pueden influir en la actitud y la conducta tanto de la policía como de los ciudadanos con los que interactúan. Este libro pretende ser un primer intento tanto de identificar con alguna precisión los factores más relevantes, así como de determinar algunos criterios a seguir para una buena gestión de estos encuentros, de manera que el número de ellos que son satisfactorios aumenten y los que resultan conflictivos reduzcan los niveles de tensión y de violencia. Con esta finalidad la obra pasa revista a toda la literatura criminológica existente al respecto, que no es precisamente poca, que también incluye experiencias de gestión que han mostrado algunos efectos positivos. En todo caso, al acabar la lectura de la obra, el lector ha de poder visibilizar un escenario claro tanto de los actores y sus características como de las causas que facilitan el buen o el mal desarrollo de los encuentros de la policía y el público, de manera que esté en condiciones de analizar nuevos incidentes entre ciudadanos y policía a la luz de parámetros menos pasionales y más empíricos a fin de discernir si hubo una gestión adecuada de la situación o, si por el contrario, no se tuvieron en cuenta factores relevantes o no se utilizaron recursos que estaban disponibles. El ámbito material es muy extenso, casi infinito y, por tanto, aquí únicamente se lleva a cabo un primer estado de la cuestión, que, eso sí, ya pueda orientar a los operadores de policía y de seguridad sobre cómo mejorar la gestión y que también sirva de punto de partida a nuevas investigaciones empíricas que profundicen sobre las diversas problemáticas descritas en este trabajo y nos mejoren la información disponible para su gestión.

Francesc Guillén Lasierra. Jurista, criminólogo y estudioso de las políticas públicas de seguridad. Actualmente es Responsable de Proyectos y Organización en el Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña, así como docente en los grados de criminología de la Universitat Autònoma de Barcelona y de la Universitat Oberta de Catalunya. Colabora habitualmente con el Consejo de Europa, así como con el Foro Europeo para la Seguridad Urbana. Ha escrito numerosas publicaciones entre las que destaca su reciente libro: ”Modelos de Policía. Hacía un modelo de seguridad plural”, publicado en esta misma editorial.

Eficiencia y transparencia del sistema judicial español en el contexto europeo: Análisis comparativo y propuestas de mejora.

La estrecha relación existente entre el crecimiento económico y la eficacia del sistema judicial es continuamente destacada por las más relevantes organizaciones económicas internacionales, como son el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos o el Banco Central Europeo.

El sistema judicial debe ser pues eficaz, esto es, intentar obtener la respuesta más acertada en el mínimo tiempo posible. Pero, como servicio público que es, la justicia no sólo debe ser eficaz, sino también eficiente, es decir, capaz de conseguir sus fines con la máxima optimización de recursos, y a la vez transparente, generando la máxima confianza posible entre todos los stakeholders, sean ciudadanos, empresas e instituciones nacionales o potenciales inversores extranjeros.

En España, se han dedicado numerosos estudios a analizar la eficacia de la justicia como garante de los derechos subjetivos. Sin embargo el análisis de sus niveles de eficiencia económica y transparencia son prácticamente vírgenes en nuestra literatura científica, seguramente habida cuenta del carácter interdisciplinar de la materia, y ello pese a que son ya muy numerosos los datos estadísticos publicados tanto a nivel español, principalmente por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, como especialmente europeo, por obra de los informes de la Commission Européenne pour l’Efficacité de la Justice.

En el presente trabajo se abordan dichas cuestiones prestando especial atención a la situación española en el contexto europeo. Se destacan así los reducidos coeficientes de determinación en las correlaciones entre presupuesto per capita asignado y duración de los procesos judiciales o confianza ciudadana en el sistema judicial.

Con los últimos datos disponibles a efectos comparativos (2012), la justicia española con un presupuesto de 80,92 euros anuales per capita, superior por tanto a los 60,22 de media europea, obtuvo una disposition time, o duración promedio de la tramitación de asuntos no penales en primera instancia, de 260 días, superior a la media europea de 238, situándose empero en la vigésimotercera posición de los veintiocho países de la UE en el índice de confianza ciudadana en el propio sistema judicial.

Del análisis de los datos se concluye pues que el principal problema de la justicia española no es tanto de recursos, como de deficiente organización, a cuyo fin, en el último capítulo del trabajo se articulan diversas propuestas de medidas concretas, algunas seguramente muy polémicas, para intentar mejorar los niveles de eficiencia y transparencia del sistema judicial español.

JAUME ALONSO-CUEVILLAS SAYROL es Licenciado en Derecho (con la calificación de Sobresaliente), Doctor en Derecho (Sobresaliente cum laude por unanimidad del tribunal) y Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona (con el número 1 en su oposición de ingreso). Es asimismo Licenciado en Economía y Empresa (habiendo obtenido la calificación de Matrícula de honor, en todas las asignaturas cursadas y la calificación de 10 en su Trabajo Final de Carrera), Economista colegiado y Máster en Auditoría de Cuentas.

Ha ostentado diversos cargos corporativos entre los que destacan los de

Decano del Colegio de Abogados de Barcelona y Presidente de la Abogacía Europea (European Bars Federation).

Sus conferencias, ponencias e intervenciones en Congresos, Seminarios, Jornadas y Mesas Redondas se cuentan por centenas. También es autor de decenas de publicaciones en el ámbito jurídico, en el que ha obtenido diversos premios y reconocimientos, tanto en España, como en el extranjero.

El presente libro es su primer premio en el ámbito económico.

El control de los cibermedios.

29,00

Una perspectiva de análisis jurídico de los medios de comunicación digitales, tanto a nivel interno como comparado, permite concluir que se plantean similares problemáticas en los diversos Estados, como pueden ser la de determinar si procede una idéntica protección constitucional y jurídica a los medios tradicionales y a los cibermedios, la corrección jurídica de medidas restrictivas como el cierre de páginas webs o blogs, la aplicación de la protección de derechos de terceras personas como mecanismo de los juicios paralelos y el alcance del derecho al olvido. Estas problemáticas demuestra la dificultad de regulación específica de la temática de los medios de comunicación digitales y sobre todo el establecimiento de mecanismos de control de su actividad. La estructuración de sistemas de control o supervisión de cibermedios requiere de unas pautas y parámetros específicos, con articulación subjetiva y objetiva de mecanismos de autorregulación y unas reglas de conducta explicitadas y publicadas en el propio medio con carácter más genérico.

El deber de imparcialidad en el ejercicio de la Función Pública. (Derecho de la ciudadanía)

43,00

El objetivo y la finalidad de este libro, es el análisis y la defensa a ultranza del deber de imparcialidad de los funcionarios públicos, como anverso de una moneda en la que el reverso está representado el derecho de los ciudadanos a una Administración neutral , en una especie de conmixtión o compenetración de ambos conceptos, de manera que no es posible su separación, en cuanto que los dos son cosas principales.

En él se examina el decurso histórico y los instrumentos jurídicos puestos a su servicio, sus derivas y su inoperancia práctica debida fundamentalmente al comportamiento desviado de los poderes públicos –políticos- que no reconocen su propio Derecho y que, ignorantes de la historia, ejercitando el poder en su propio beneficio, han regresado a la noche de los tiempos, resucitando una desaforada práctica de consolidación de una Función Pública clientelar, prebendalista y patrimonializada , absolutamente incompatible con la imparcialidad, que en definitiva, constituye un caldo de cultivo propicio para el crecimiento y desarrollo de corrupciones y corruptelas en beneficio de intereses particulares, que hoy constituye la segunda preocupación de los españoles.

Finalmente, tras unas reflexiones ciertamente críticas, se proponen algunas medidas jurídicas –que no son invenciones- para preservar más efectivamente la neutralidad y la independencia del funcionario, en aquellos aspectos o escenarios en los que a mi juicio aparece o puede aparecer más controvertida y comprometida la imparcialidad, y por consecuencia donde más riesgo corren los derechos de los ciudadanos.

Siendo como es el Derecho un fenómeno social, entiendo que puede ser de alguna utilidad ofrecer a la ciudadanía datos, comportamientos y razonamientos jurídicos sobre su aplicación, que sirvan para conocer mejor el problema; para descubrir o redescubrir sus causas, y en definitiva, brindar soluciones que contribuyan a la erradicación o cuando menos a la obstaculización mediante el control interno de las propias Administraciones a través de una Función Pública profesionalizada, imparcial e independiente.

En suma, algo tan simple y tan complejo como es la eficacia social del Derecho, más allá de su validez formal, que en éste ámbito se incumple sistemáticamente por quienes primeramente están llamados a cumplirlo –los políticos- en quienes el concepto jurídico de imparcialidad no ha calado como norma de cultura.

MIGUEL YABEN PERAL, es Abogado, Colegiado de los Ilustres Colegios de Oviedo y Madrid, y miembro de la Corte de Arbitraje de éste último.

Ex Letrado Consistorial, se licenció en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares donde cursó estudios de Doctorado obteniendo la Suficiencia Investigadora y seguidamente la Diplomatura en Estudios Avanzados de Doctorado por la Universidad de Valencia. Es Diplomado Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales. Ha sido Tutor de las Prácticas Jurídicas Externas de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III. Autor de diversas Memorias de Investigación y Ponencias en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Es Asesor Jurídico de Empresa.

Su carrera profesional la ha desarrollado como Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Galapagar en el que ha ocupado diferentes Puestos en distintas Escalas y Subescalas, desde Auxiliar hasta Letrado Consistorial Jefe de los Servicios Jurídicos en cuyo cargo se ha jubilado, y en el que ha llevado la Dirección Letrada de centenares de procesos judiciales, fundamentalmente en el orden contencioso.

El delito de fraude del funcionario público.

46,00

La obra que tiene en sus manos constituye una necesaria puesta al día y asume la tarea de analizar todos los requisitos típicos que componen la figura del fraude funcionarial, prevista y sancionada por el recientemente modificado artículo 436 del Código penal español, conforme LO 1/2015, de 30 de marzo. Este ilícito integra los denominados “delitos contra la Administración pública”, razón por la que se aborda también el estudio de la Administración pública como institución, su papel actual y la delimitación del bien jurídico protegido, explicando para ello la relación existente entre Administración pública, función pública y, correcto ejercicio de esta última en pos de la satisfacción de intereses generales de los ciudadanos. También se contienen explicaciones sobre qué debemos entender hoy, para efectos penales, por autoridad o funcionario público.

Este riguroso pero a la vez sintético análisis integral permite al lector comprender en qué casos estaremos frente a un delito de fraude del funcionario público, cuáles son sus antecedentes normativos y su naturaleza jurídica, el carácter especial de este título de imputación y, las posibles relaciones intraneus – extraneus en torno a esta figura delictiva. Se trata de ofrecer de manera clara, compendiada y atendiendo a la doctrina y jurisprudencia recientes, la información que el usuario requiere sobre los límites objetivos y la configuración subjetiva de este tipo penal, sus fases de desarrollo y si procede o no el castigo por una tentativa de fraude, distinguiendo su aplicación de otras figuras delictivas, esto es, posibles problemas concursales. No queda fuera de este libro el estudio de las consecuencias jurídicas del delito de fraude -tanto penales como administrativas- a la luz de los principios de legalidad en materia de sanciones públicas y, non bis in idem; la problemática de la agravante de prevalimiento del carácter público del funcionario como sujeto activo y las penas de inhabilitación y comiso, todo lo que podrá encontrarse en su capítulo final.

Andrés Benavides Schiller es abogado. Doctor en Derecho penal y Derecho procesal penal por la Universidad de Sevilla, España. Es profesor en Chile de Derecho penal en la Universidad de Valparaíso, donde imparte clases en pre y post grado; y de litigación oral en la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar. Cuenta con publicaciones internacionales en el ámbito de los delitos contra la Administración pública y ha cursado estudios de litigación oral estratégica en Chile y en Estados Unidos de Norteamérica, dictando talleres en esta área tanto en su país como en el extranjero.

El sistema electoral: una reforma obligada.

49,00

En este libro se considera que la modificación del sistema electoral español constituye una de las reformas políticas imprescindibles para superar la crisis política actual.

Se parte de la premisa de que en nuestro modelo electoral pesa decisivamente la escasa magnitud de la mayoría de las circunscripciones electorales, cercenándose así el cumplimiento de derechos fundamentales y valores superiores relacionados con el voto: la proporcionalidad, la igualdad y el pluralismo político. En cambio, el Derecho internacional y el Derecho comparado disponen unos límites mucho más estrictos frente a la desigualdad del valor del voto. En consecuencia, cabría poner incluso en tela de juicio la conformidad del sistema vigente con el Derecho Internacional, a la vez que contradice los parámetros exigidos en los países más avanzados.

Se pretende un análisis constructivo, así al tratar las deficiencias, a su vez se apuntan diversas alternativas, entre las que se encuentran las relativas, de un lado, al incremento de la circunscripción con el fin de alcanzar una mayor proporcionalidad y una igualdad efectiva del valor del voto y, de otro lado, a la opción por un voto personalizado con respecto a un fuerte poder político demasiado preestablecido. Junto a ello, se propugna específicamente la adopción de los principales elementos del modelo alemán, al permitir este una mayor incidencia y, por ende, satisfacción del electorado.

Esta monografía, en suma, no se dirige solo al experto en Derecho público; puesto que en realidad, su enfoque es multidisciplinar, y pretende ofrecer un análisis de las causas históricas y políticas que explican nuestro sistema electoral, así como confrontarlo con una panorámica de los sistemas políticos de los países más relevantes a estos efectos.

Juan Magín San Segundo Manuel es doctor en Derecho constitucional por la UCM, profesor asociado del Departamento de Derecho Constitucional de igual Universidad y técnico superior de la Administración. También ha sido profesor en otras dos Universidades, Carlos III de Madrid y UNED; enseñando siempre Derecho constitucional y materias relacionadas. Ha impartido clases en cursos para promotores de Derechos humanos de la Cruz Roja y publicado diversos artículos sobre el sistema electoral, movilidad urbana y el Parlamento de la Unión Europea.

Estudios sobre la nueva cultura y valores del empleo público.

18,00

La presente publicación contiene tres estudios, todos ellos complementarios, sobre la nueva cultura y nuevos valores del empleo público que demanda la ciudadanía actual. Esta obra ofrece una reflexión sobre la función pública desde la perspectiva española, chilena y argentina, analizando éstas dos últimas, unas experiencias de caso de gran actualidad poniendo de relieve la primacía de lo público y de los nuevos valores que la refuerzan.

Las tres aportaciones que integran este texto son a su vez el resultado de las ponencias de los autores, presentadas en el XXII congreso del CLAD celebrado en Madrid en noviembre de 2017. El empleo público meritocrático es necesario, pero debe ser enriquecido con los nuevos valores que fortalecen e incrementan los valores clásicos del sector público incluidos en el marco del paradigma de la gobernanza. La consolidación de este nuevo modelo de empleo público coadyuva sin duda al desarrollo de unas instituciones públicas acordes a los nuevos tiempos, orientadas a la consecución de los principios de transparencia, servicio y participación para el logro de una democracia de calidad.

Estudios sobre la nueva cultura y valores del empleo.

22,00

La presente publicación contiene tres estudios, todos ellos complementarios, sobre la nueva cultura y nuevos valores del empleo público que demanda la ciudadanía actual. Esta obra ofrece una reflexión sobre la función pública desde la perspectiva española, chilena y argentina, analizando éstas dos últimas, unas experiencias de caso de gran actualidad poniendo de relieve la primacía de lo público y de los nuevos valores que la refuerzan.

Las tres aportaciones que integran este texto son a su vez el resultado de las ponencias de los autores, presentadas en el XXII congreso del CLAD celebrado en Madrid en noviembre de 2017. El empleo público meritocrático es necesario, pero debe ser enriquecido con los nuevos valores que fortalecen e incrementan los valores clásicos del sector público incluidos en el marco del paradigma de la gobernanza. La consolidación de este nuevo modelo de empleo público coadyuva sin duda al desarrollo de unas instituciones públicas acordes a los nuevos tiempos, orientadas a la consecución de los principios de transparencia, servicio y participación para el logro de una democracia de calidad.

Gestión del empleo público. La evaluación del desempeño en la mejora de la eficiencia administrativa.

59,00

La evaluación del desempeño constituye, sin duda, la novedad más sobresaliente de las introducidas por el Estatuto Básico del Empleado Público para mejorar y dirigir la gestión del empleo público hacia el logro de una Administración de calidad, más eficiente, moderna y cercana al ciudadano. Supone, además, el pilar que faltaba en el necesario círculo desempeño-control-recompensa, aunque va mucho más allá de ésta por la información que aporta, convirtiéndola en un elemento integrador dentro de dicha gestión.

Este libro es el resultado de una larga investigación, más extensa y que dio como resultado la Tesis Doctoral defendida por el autor en la Universidad de Castilla la Mancha, con mención Cum Laude. En él se estudia profundamente la evaluación, comenzando con una aproximación conceptual desde el punto de vista de su entorno natural -el privado- para comprender y desarrollar seguidamente su aplicación al ámbito público. También veremos los condicionantes y problemas de adaptación a la Administración, así como sus oportunidades, y aportamos un modelo metodológico para la implantación de un sistema general de evaluación que ayude a diseñar sistemas óptimos, acompañando propuestas de aplicación incluso más allá de las previsiones del EBEP. Asimismo se ofrece un estudio de las experiencias existentes en nuestro Derecho y en el comparado, incluyendo las conclusiones de los estudios que realiza la OCDE, de los que extraeremos importantes lecciones a tener en cuenta.

Los profesionales de recursos humanos y aquellos interesados en su estudio y aplicación dispondrán de todos los ingredientes necesarios para profundizar en esta institución, pues tratamos de resolver cuantos interrogantes y condicionantes plantea su diseño, desarrollo y efectos. Se incluye especialmente la garantía de los derechos de los empleados públicos y otros problemas apuntados por la doctrina, como los posibles sesgos del evaluador, la discrecionalidad o quién asumirá aquel rol, destacando en tal sentido la interesante relación que se descubre entre los principios jurídicos que el EBEP establece en los sistemas de evaluación y sus requisitos puramente técnicos.

Pedro Padilla Ruiz es Doctor en Derecho, Abogado y Funcionario de carrera (Técnico de Administración General). Tras licenciarse con 22 años por la Universidad Complutense de Madrid (al tiempo que obtenía el Título oficial de Agente de la Propiedad Inmobiliaria), inició su carrera profesional en la Abogacía, pero fue a partir del año 2000 cuando trasladó definitivamente a la Administración Pública su vocación de servicio, en particular en el ámbito Local, donde ha desempeñado distintos puestos, desde Recaudador hasta Secretario General y Jefe de Gestión Tributaria.

Su pasión por el estudio, apoyado por su experiencia, le han llevado a investigar la mejora de la Administración desde distintos puntos de vista, aunque se ha centrado en la gestión del empleo público y la evaluación del desempeño, objeto de su Tesis Doctoral, defendida en 2015 y que obtuvo la calificación de sobresaliente Cum Laude. Además, es Especialista en Gestión Pública local y ha publicado diversos artículos en revistas jurídicas especializadas.

Internamientos psiquiátricos y por razones de salud pública. Aspectos civiles, administrativos y penales.

55,00

El objeto de esta monografía son los internamientos médicos, ya sea por razones psiquiátricas o asimiladas, ya sea por razones de salud pública. Se trata desde una perspectiva multidisciplinar, al hacer referencia a los diversos profesionales que intervienen en el internamiento de una persona, destacando el cauce para su adecuación a la legalidad vigente y el régimen de responsabilidad ante su infracción, civil, administrativa y penal.

Con este trabajo se pretende dar respuestas a las situaciones en que se pueden encontrar los diversos sujetos que intervienen ante un internamiento psiquiátrico. Al enfermo y su familia, al personal sanitario, a la fuerza policial actuante, al personal del órgano judicial interviniente. Respuestas tanto para situaciones específicamente reguladas como para aquellas que no encuentran un efectivo y pleno encaje en la normativa vigente (ancianos residenciados en geriátricos, menores internados en centros de trastorno del comportamiento o alimentario por orden de quien ostenta su potestad o tutela, tratamientos involuntarios…).

Dada la finalidad eminentemente práctica de esta monografía, se acompañan reseñas jurisprudenciales sistematizadas por materias, que permiten encontrar fundamentos jurídicos tanto para la adopción de la medida, su seguimiento y cese o para la oposición a todo ello. También se incluye la legislación internacional, nacional y autonómica que esencialmente regula la materia. Por último, se incorpora un extenso apartado con 57 detallados formularios que hacer servir en supuestos de internamientos psiquiátricos involuntarios, urgentes o no, y en medidas sanitarias obligatorias por razones de salud pública. Son modelos particulares de solicitudes, comunicaciones, informes, resoluciones, diligencias, providencias, decretos y autos.

Todo aquello que se debe saber sobre los internamientos, se halla en este libro.

Lluís Pérez Losa es doctorando en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona, docente del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Catalunya, máster en Derecho privado, público e internacional, máster en Derecho civil catalán avanzado y máster en Derecho de familia y de la infancia. Ejerce funciones jurisdiccionales desde hace quince años en diversos juzgados de Cataluña y, además de artículos y capítulos jurídicos, ha publicado las monografías La atribución del uso de la vivienda en procesos de familia y Derecho de familia.

La autonomía universitaria. Un reconocimiento constitucional entre la aplicación práctica y la configuración legislativa.

36,00

La autonomía universitaria es académica, científica, organizativa, financiera, contable para articular unas Universidades dotadas de personalidad jurídica con su propio ordenamiento constituido por los Estatutos y sus reglamentos y protocolos de actuación. El Estatuto de la Universidad constituye la manifestación más importante de la autonomía universitaria, ya que se regula la propia organización y actividad y son objeto de deliberación por el claustro universitario formado por componentes de los diversos grupos que constituyen la comunidad universitaria, convirtiéndose en la fuente primaria de la autonomía normativa de cada Universidad. En el presente trabajo se ha analizado el recorrido jurisprudencial y comparado de este instituto para determinar las posibilidades actuales de su interpretación. En nuestro caso, la autonomía universitaria seguramente se ha convertido en un mito, una adoración que ha permitido su concreción como un derecho fundamental, con un amplio contenido hipotético, pero con pocas concreciones, limitando su titularidad a un sujeto colectivo, la comunidad universitaria, sin recorrido para los integrantes de dicha comunidad, pero que sufren los posibles excesos teóricos de un reconocimiento constitucional sin un contenido preciso y específico.

La democracia en América Latina: un modelo en crisis.

28,00

Esta monografía, enjuiciará la democracia y el Estado de Derecho en Latinoamérica, comparándolo con el modelo descrito por Luigi Ferrajoli. Modelo caracterizado por una constitución rígida y un Estado Constitucional, en el contexto de la globalización y de una soberanía limitada por los derechos humanos y Naciones Unidas y los sistemas e instituciones universales y regionales multilaterales de derechos humanos. En consecuencia, el objetivo es fundamentar la implementación de una alternativa análoga para América Latina. Sigue el método hermenéutico. La conclusión será que el modelo contribuirá a la optimización de la democracia y los Estados Democráticos de Derecho en Latinoamérica.

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This work, will judge democracy and the rule of law in Latin America, comparing it with the model described by Luigi Ferrajoli. Model characterized by a rigid constitution and a Constitutional State, in the context of globalization and a sovereignty limited by human rights and the United Nations and universal and regional multilateral human rights systems and institutions. Consequently, the objective is to base the implementation of an analogous alternative for Latin America. It follows the hermeneutical method. The conclusion will be that the model will contribute to the optimization of democracy and the Democratic States of Law in Latin America.

Juan Antonio Pabón Arrieta ,es abogado de la Universidad del Atlántico (Barranquilla, Colombia), y docente de la Universidad Libre de Colombia en las cátedras de Hermenéutica y Argumentación Jurídica, Filosofía del Derecho y Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,así como de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Simón Bolívar (Barranquilla, Colombia). Es Coordinador Académico de la Defensoría del Pueblo de Colombia, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, de la Sociedad Bolivariana del Atlántico y de la Asociación Colombiana de Filosofía del Derecho y Filosofía Social, Asofides.

Posee estudios de Doctorado en Ciencia Política de la Universidad del Zulia (Venezuela) y de Maestría en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en la Universidad de Alcalá (España). Asimismo, ha cursado estudios de especialización en Derecho Administrativo del Colegio Mayor del Rosario (Bogotá, Colombia) y en Derecho Penal de la Universidad del Atlántico. Experto en Derecho Internacional Humanitario, en Justicia Transicional y en Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es Autor del libro Memoria y Justicia Transicional. Crítica a la Ley de Justicia y Paz en Colombia, y ha publicado artículos en revistas especializadas, como Advocatus de la Universidad Libre de Colombia, Justicia de la Universidad Simón Bolívar y Amauta de la Universidad del Atlántico, entre otras.

La protección de datos de carácter sensible: Historia Clinica Digital y Big Data en Salud.

46,00

El presente trabajo tiene por objeto el análisis de los problemas vinculados y derivados de la incorporación de la historia clínica digital en el entorno sanitario, así como el análisis del cambio de paradigma que se vislumbra en el contexto del Big Data en el ámbito sanitario, que entra en colisión con la protección al derecho de intimidad y la confidencialidad de los datos de salud. Las bases que rigen los ordenamientos normativos vigentes, y el Reglamento General de Protección de Datos que entrará en vigor en el año 2018, no han resuelto aún la dicotomía entre el derecho a la protección de datos de carácter personal y los avances tecnológicos.

LUCIA CRISTEA UIVARU es Doctora en Derecho por la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona, profesora de Derecho Administrativo, y autora de varias investigaciones, impartiendo conferencias y seminarios.

Se licenció en Derecho con mención especial honorífica en la Universidad de Buenos Aires, especializándose en Derecho Empresarial.

Tras homologar su carrera en la Universidad Autónoma de Barcelona y realizar un master en abogacía internacional en el ISDE-UB, trabajó en dos relevantes despachos de abogados y en la Universidad de Barcelona. Actualmente ejerce como abogada en el ámbito civil, penal, mercantil y administrativo. Es Vocal de la Comisión de Derecho Sanitario del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y pertenece al Turno de Oficio de dicho Colegio, compaginando la actividad profesional con la labor docente.

La renuncia a la autonomía judicial. La pérdida del juicio en los jueces.

28,00

La Revolución francesa inauguró un Estado moderno como Estado de Derecho, en el que no solamente los gobernados sino también los gobernantes estarían sometidos al ordenamiento jurídico de cada nación. Ese Estado que confrontaba el despotismo de los monarcas aspiró a limitar y a contener los abusos y los excesos de esos gobernantes proclives al absolutismo, apelando para ello a la teoría de los pesos y contrapesos, reconocida a Montesquieu, siendo el poder judicial -cuya legitimación se sustenta en la ratio iuris- la principal salvaguarda de ese nuevo Estado, garante de los derechos de todos.

Pero en la praxis de los primeros regímenes liberales, las cosas no parecieron responder al proclamado principio de igualdad; el propio régimen francés excluyó a las mujeres, a los inmigrantes y a los hombres no propietarios –finalmente a la gran mayoría- consagrando con ello unos nuevos privilegiados. En América, los Estados Unidos cuya revolución fue anterior a la francesa, tampoco incluyeron a las mujeres y a los negros.

En ninguno de estos países, los jueces hicieron respetar los derechos de esas mayorías; al contrario para la Corte Suprema de los Estados Unidos, estos afro-descendientes no eran más que cosas, mercancías. Para los jueces franceses, las mujeres eran como menores de edad, incapaces; ellas pensaban con la cabeza de su marido.

Llegado el siglo XX, grandes hecatombes pusieron a prueba los poderes judiciales, exponiendo su falta de compromiso y autonomía. Nada hizo la judicatura alemana frente a un nazismo que en 1933 empezó a horadar el Estado de Derecho. Tampoco los jueces de la Unión Soviética –marxista pero también abanderada de la igualdad- se opusieron o resistieron a un régimen que desató una persecución contra todo rastro de disidencia. Igualmente en América Latina los jueces resistieron mínimamente las oprobiosas dictaduras fascistas de seguridad nacional.

Las preguntas que se hace este texto es ¿por qué esa incapacidad, esa disfuncionalidad en cumplir un rol estructural para el que fue instituido el poder judicial? La respuesta es que si bien desde fuera ese poder fue concebido como una estructura vertical y autoritaria –la retórica libertaria era otra cosa- también desde dentro la institución de la justicia carecía de una voluntad y de una capacidad de autonomía para pensar y juzgar. Tal como la escuela, forjada para transmitir un saber a través de la memoria, la religión asimilada para imponer verdades dogmáticas absolutas, el ejército para imponer mediante la fuerza un orden, con prohibición para sus miembros de deliberar, la justicia renunciaba a la facultad de pensar acogiendo el seguimiento ciego de métodos exegéticos y tradiciones jurisprudenciales con el resultado de la instauración de unos nuevos privilegios.

Fernando Tocora, ex magistrado colombiano, catedrático de doctorados y maestrías en Instituto Nacional de Ciencias Penales de México, Univ. San Carlos de Guatemala, Univ. Central de Caracas, del Zulia (Venezuela), Univ. del Norte (Barranquilla), entre otras.

Ha publicado diez libros: “Derecho Penal Especial” 11 ediciones, Librería del Profesional, “Principios Penales Sustantivos”, Ed. Temis, “Política Criminal Global en América Latina” editorial de la Univ. de Buenos Aires, “Política Criminal en América Latina”, ed. Univ. de Avellaneda (Argentina), “Política criminal en América Latina – Seguridad Nacional y narcotráfico” Ed.Orlando Cárdenas (México), entre otros.

También ha publicado una treintena de artículos en revistas como “Archives de Politique Criminelle” y “Revue de Droit Pénal et Sciences Criminelles” de la Univ. de Paris, “Criminalia” de México, “Nuevo Foro Penal”, entre otras.

Como conferencista invitado: Universidad de Siena (Italia), Univ. Jean Monnet (Bari-Italia), Univ. de Buenos Aires, UNAM de México, Universidad de París, entre otras.

La vergüenza en el punto ciego. Violencia estatal y cumplimiento de un deber.

78,00

Cuando el ser humano afronta el miedo, o simplemente vive la incertidumbre, se activan mecanismos de defensa que con frecuencia ni controla porque siquiera se da cuenta de ellos, alcanzando incluso afectaciones radicales de la percepción de la realidad, o de otros aspectos fundamentales de la memoria. Y todo esto es bien conocido por quienes sin el más mínimo escrúpulo lo utilizan como herramienta del poder, por mucho que abunden individuos que operan de manera similar pero sin esa calculada intencionalidad, a menudo bajo muy peligrosas inercias irreflexivas. El conjunto impregna la dinámica gubernamental y acaba por embrutecer universales como el Derecho, la Democracia, la Ley o la Soberanía, que a diferencia del Gobierno moderno, problema nuclear de nuestra Política actual, sí han venido siendo estudiados y desarrollados durante largo tiempo. De este modo, con el declive de la civilidad como contexto último, la evolución jurídica se ha transformado en una preocupante involución alejada cada vez más de esa Justicia que es horizonte del Estado Social y Democrático de Derecho, aproximándose sin cesar a un Estado de seguridad donde el temor ciudadano y la inseguridad son, paradójicamente, los elementos esenciales para su construcción y afianzamiento.

La autoprotección de ese tipo de Estado de leyes y el poder fáctico subyacente pasa por arrinconar auténticos valores como la participación política y la libertad, en particular la de expresión, del mismo modo que excluye mecanismos intrínsecamente propios de las estructuras democráticas,incluso criminalizándolos, como ocurre con la desobediencia civil. Y para ello no importa lo más mínimo torcer el Derecho, particularmente el penal y el procesal, desnaturalizando su contenido hasta cotas que no hace mucho habrían sido impensables. Un modo de recuperar el cauce legítimo hacia un verdadero Estado de Derecho justo puede estar en comprender la lógica y significado de conceptos jurídico-políticos esenciales, superando la ignorancia sobre lo exigible de la función pública, propiciando la superación de confusas percepciones de la realidad y ocultas intenciones del poder. Sin ello resulta extremadamente difícil reconocer las vías de acción no sólo colectivas sino también individuales que a cada uno se ofrecen para oponerse a la represión y a la injusticia, planteamiento de urgencia en la actualidad española.

Ricardo Yañez Velasco es licenciado y doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona, donde ha sido docente en el Departamento de Derecho administrativo y Derecho procesal, así como profesor invitado en otras Universidades de Cataluña. En la actualidad es profesor del Instituto Superior de Derecho y Economía e imparte clases de su especialidad en la Facultad de Psicología de laUniversitat Autònoma de Barcelona; ha publicado medio centenar de trabajos en revistas jurídicas especializadas, así como ocho obras conjuntas y una docena de monografías.

Ha sido asesor letrado del equipo jurídico de Amnistia Internacional-Catalunya desde 1994 a 2000, organización de la que fue activista desde 1986; así como de Juristas sin fronteras desde su fundación a principios de los años noventa. Formó parte de la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados de Barcelona hasta noviembre de 2003, habiendo sido miembro del Instituto de Psicología, Sociología y Medicina Jurídicas de Barcelona. Desde febrero de 2000 ejerce la función jurisdiccional, siendo juez titular por oposición en 2004, decano en los partidos judiciales de Vilafranca del Penedès y Esplugues de Llobregat y, desde 2011, magistrado de lo Penal en Barcelona.

Está casado y es padre de cuatro hijos.