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Acoso escolar: Bullying y Ciberbullying.

26,00

En este estudio se analiza el acoso escolar y las graves consecuencias que está provocando a las víctimas de esta agresiva violencia en los centros educativos, que destruye la autoestima y la confianza de los menores acosados.

En este trabajo de investigación también se aborda el acoso escolar pero utilizando la tecnología de la información y la comunicación, es el denominado ciberbullying, cometiéndose la agresión en formato electrónico a través de medios de comunicación como el correo electrónico, mensajes de texto a través de teléfonos móviles o dispositivos móviles o la publicación de videos y fotografías en plataforma electrónica.

Además se hace un estudio de los casos más notorios sucedidos en nuestro país en la actualidad, así como también se aborda la problemática del acoso escolar por motivos de homofobia y transfobia.

Se analiza minuciosamente la responsabilidad tanto penal como civil de todos los agentes responsables del acoso escolar (agresor, padres, centros escolares, directores, profesores, etc….).

Este trabajo tiene como finalidad concienciar a todos los operadores que intervienen en esta problemática social, teniendo como destinatario no sólo a los Jueces, Tribunales y abogados, sino también a los cuerpos y fuerzas de seguridad, padres de menores escolares, centros educativos, profesores, periodistas y políticos.

José Antonio Martínez Rodríguez nació en Arahal (Sevilla), el 7 de diciembre de 1963. Es Doctor en Derecho Penal y Procesal por la Universidad de Sevilla, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional del Educación a Distancia (UNED); Letrado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla; Asesor Jurídico de la Delegación de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Arahal; miembro del Grupo Andaluz de Investigación Jurídica, Diplomado en Estudios Avanzados por el Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla, Máster Superior en Prevención de Riesgos Laborales; Diploma en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal; Diploma en Gestión Laboral y Seguridad Social por el Centro de Estudios Técnicos Empresariales; Diploma en Derecho Urbanístico y Medio Ambiente; Diploma en Derecho Penitenciario por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.

El autor ha publicado once obras hasta la fecha, así como más de 20 artículos doctrinales publicados en revistas jurídicas.

EXTRACTO DEL ÍNDICE

Prólogo

Introducción.

El acoso escolar

Personas participantes en el acoso escolar

Formas de abuso de poder del agresor

Como saber si se sufre bullying

Consecuencias del acoso escolar

Episodios más notorios del acoso escolar en España

El bullying por motivo de homofobia y transfobia

Concepto de ciberbullying

Los riesgos de las nuevas tecnologías

La prevención del ciberbullying en los centros educativos

El happy slapping como otra nueva moda de ciberbullying

El método KIVA contra el acoso escolar

Medidas legales de prevención del acoso escolar

La jurisdicción penal en el acoso escolar

La reclamación civil en el acoso escolar

Cuantificación y valoración del daño por acoso escolar

Bibliografía

Alternativas jurídicas al tratamiento penal de la delincuencia habitual.

29,00

El tratamiento del delincuente peligroso ha sido sin lugar a dudas uno de los mayores quebraderos de cabeza de la política criminal de los Estados, hallándose desde largo tiempo atrás inmersos en una búsqueda incesante de soluciones legislativas óptimas para responder al problema del peligro de la reiteración delictiva y de soluciones que deben conjugar dos requisitos de inexcusable cumplimento: de un lado, garantizar la paz social y los derechos fundamentales de los ciudadanos, evitando los riesgos derivados de la reiteración delictiva del delincuente una vez cumplida condena y de otro lado la obediencia al mandato constitucional previsto en el artículo 25.2 de la Constitución, orientando las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad a la reinserción y la rehabilitación social del delincuente;

No obstante, es una realidad que no todas las penas privativas de libertad, con independencia de su duración, finalmente pueden responder a tal exigencia de reeducación y reinserción social, prevista en el mencionado artículo de la Constitución.

En el presente libro se aborda las alternativas jurídicas al tratamiento penal de la delincuencia habitual, analizando las actuales respuestas ofrecidas por el ordenamiento jurídico frente al problema de la delincuencia habitual: Las medidas de seguridad postdelictuales, centrando el estudio en la libertad vigilada y la necesidad de desarrollo legal en mejoras técnicas para su efectiva aplicación, así como las respuestas ofrecidas por el derecho comparado y por último la posible implantación en nuestro ordenamiento jurídico de la figura de la prisión permanente revisable, acorde a los principios constitucionales es decir, imponer la pena de prisión permanente para su cumplimiento efectivo e íntegro, aunque revisable, cada cierto tiempo atendiendo a la situación del recluso y su peligrosidad, y en caso de ofrecer un pronóstico favorable de reinserción, concretar la pena a una duración determinada, sin perjuicio de la aplicación de los beneficios penitenciarios de los que sea merecedor durante el tiempo de duración de la condena. ¿Conculcaría esta opción los fines resocializadores previstos en el artículo 25.2 de la C.E, según los presupuestos de su legítima imposición en un Estado de Derecho?

Anuario Justicia Alternativa Nº 13, Año 2015. Derecho arbitral.

52,50

Presentación

XXV AÑOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA

Se han cumplido ya 25 años desde la creación del Tribunal Arbitral de Barcelona, coeditor de esta revista.

Fue la ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje la que abrió las puertas al arbitraje institucional, y permitió que las partes pudieran encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyos estatutos incluyeran funciones arbitrales.

Muy poco tiempo después se constituyó «L’Associació Catalana per a l’Arbitratge» y en febrero de 1989 inició sus actividades el Tribunal Arbitral de Barcelona.

No fueron pocas las dificultades con las que se encontraron los promotores del TAB, que tuvieron que vencer y superar actitudes contrarias al arbitraje. Sin su esfuerzo y dedicación la empresa habría fracasado. Años después, con el fin de fomentar el arbitraje y favorecer el arbitraje internacional, se promulgó la ley 60/2003, de 23 de diciembre, basada en la ley modelo CNUDMI/UNCITRAL, que en líneas generales fue bien aceptada tanto por el sector como por la doctrina especializada. La reforma de la citada ley, por la ley 11/2011, de 20 de mayo, que comentamos ampliamente en anteriores ediciones de este Anuario, reguló por primera vez con carácter legal y general el arbitraje societario, dispuso que el árbitro en derecho debía tener la condición de jurista (no solo abogado en ejercicio), y confirió a los Tribunales Superiores de Justicia competencias en materia de control y apoyo del arbitraje. Durante estos años el Tribunal Arbitral de Barcelona ha administrado aproximadamente 2000 procedimientos arbitrales sobre cuestiones muy diversas, con predominio de conflictos societarios, de ejecución de obras y en los últimos años de productos financieros.

Últimamente el TAB ha aprobado un nuevo procedimiento abreviado (fast-track) para asuntos de menor cuantía, con una significativa bonificación de la tarifa. También se ha elaborado, siguiendo las tendencias internacionales, un reglamento del árbitro de emergencia que pueda adoptar medidas cautelares antes del nombramiento del árbitro del procedimiento. Todo ello ha de contribuir sin duda a la consolidación del arbitraje, lo que constituye unos de los principales objetivos de la revista que el lector tiene en sus manos. Los trabajos que en ella se publican, que abordan muy diversas cuestiones relacionadas con el mundo arbitral, son una buena prueba de ello.

Francisco Tusquets Trías de Bes (Director)

Aproximación legislativa versus reconocimiento mutuo en el desarrollo del espacio judicial europeo: una perspectiva multidisciplinar.

49,00

La presente obra constituye el resultado final de un Proyecto de Investigación que bajo el mismo título dirige la investigadora principal, Mar Jimeno Bulnes, Catedrática de Derecho Procesal. Los autores pertenecen al equipo de investigación adscrito a dicho proyecto. El mismo se haya formado por profesores doctores de diversas universidades de las áreas de Derecho Internacional Privado, Penal y Procesal siendo mayoritaria la participación de esta última rama.

La materia objeto de tratamiento es a la fecha de indiscutible actualidad a partir del desarrollo del espacio judicial europeo y así la promulgación de instrumentos procesales (y materiales) varios a fin de hacer posible la cooperación judicial en la Unión Europea entre jueces y tribunales de los distintos Estados miembros, tanto en el ámbito civil como penal. Base jurídica de los mismos se encuentra en sendos principios hoy día contenidos ya en arts.81.1 y 8.1 TFUE a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, bien de reconocimiento mutuo o bien de aproximación legislativa, de ahí el título del proyecto y presente obra. Ante la imposibilidad de abordar el tratamiento completo de todos los instrumentos procesales a la fecha dictados (o de próxima aprobación) por parte de las instituciones europeas se realiza una selección de los mismos en función de su actualidad y/o novedad así como implantación en España, si fuera necesario mediante legislación específica.

En cuanto a la metodología empleada, el examen de tales instrumentos materiales y procesales se realiza desde una doble perspectiva legislativa y jurisprudencial tanto de sede europea como en unos y otros Estados miembros, de modo especial, lógicamente España. No se olvida por ello la referencia específica a la jurisprudencia europea existente en este ámbito del llamado ‘espacio judicial europeo’. Así también se aborda el análisis de los instrumentos orgánicos que facilitan el alcance efectivo de dicha cooperación judicial europea entre las distintas autoridades judiciales desde la doble perspectiva civil y penal realizando hoy elección por la institución de mayor alcance, cual es la futura fiscalía europea en el seno del proceso penal.

Dada la amplitud de la materia, la visión de cada uno de los apartados se realiza de forma breve pero no por ello menos exhaustiva y profunda, presentándose en cada caso la legislación, jurisprudencia y bibliografía de referencia, de procedencia nacional o extranjera.

Por todo ello, el contenido del presente estudio resulta idóneo para posibles destinatarios procedentes tanto del ámbito académico como judicial: docentes, investigadores, jueces, magistrados, abogados, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales, policiales, estudiantes, etc.

Atlas de psicología forense (penal).

30,00

EXTRACTO DEL INDICE

1. Preludio Médico-Forense de la obra. Dr. Jorge González Fernández.

2. Prólogo Psiquiátrico-Forense de la obra. Dr. Josep Solé Puig.

3. Presentación Jurídica de la obra. La modifi cación de la responsabilidad criminal. Dr. Toni Pascual Cadena.

4. Justificación del autor. Dr. Bernat-N. Tiffon.

5. Trastornos Afectivos.

6. Trastornos Esquizofrénicos.

7. Trastorno de la Personalidad Limite (Borderline).

8. Casuística sin Circunstancia Modifi cativa de la Responsabilidad Criminal

(CMRC) por causa psíquica.

9. Intencionalidad Vs. Trastorno Mental.

10. Consumo de Sustancias Toxicas Cocaínicas.

11. Conclusiones Generales de la Obra.

12. Recapitulación Psicológico-Forense de la Obra. Dr. César San Juan Guillén.

13. Síntesis Jurista-Policía-Psicólogo/a. Dr. José Manuel Rodríguez González.

14. Epílogo. Dr. Tomás Gil Márquez.

15. Bibliografía.

Psicólogo Forense (privado). Director de “Consultoría en Psicología Legal y Forense – Dr. Bernat-N. Tiffon ©”. Desde hace más de 15 años que ejerce la Psicología Forense en el sector privado de la profesión como Perito al servicio de los Letrados que ejercen la representación jurídica de sus clientes ante las Salas de Justicia y habiendo intervenido en casos de amplio impacto mediático, tales como los Crímenes del Pistolero de Olot, el Crimen de Santaló, el Crimen de Ripollet, los Crímenes de la Parricida del Carmel, el Crimen de Tres Cantos (Madrid), el Crimen del Ushuaïa (Ibiza), el Crimen de la menor decapitada de Girona, entre otros muchos más.

El autor, compagina la actividad pericial forense con la docencia como Profesor de Psicología Forense en distintos centros Universitarios, de Postgrado y Colegios profesionales. Coordinador Académico del antiguo Máster en Psiquiatría y Psicopatología Clínica, Legal y Forense de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (2004-2008). Posteriormente, fue Director del Plan de Estudios del Máster Universitario Oficial en Psicopatología Legal, Forense y Criminológica (2008-2012) en la Universidad privada.

Criminología de la corrupción urbanística y la prevaricación funcionarial.

19,00

En este trabajo se aborda exhaustivamente toda la problemática de la criminología de la corrupción urbanística y la prevaricación funcionarial, centrándonos en particular en la Administración más cercana a los ciudadanos como son los Ayuntamientos, pues de todas las Administraciones Públicas que obtienen ingresos vinculados a la actividad inmobiliaria, es en la Administración Local donde mayor incidencia tienen, toda vez que de los cinco impuestos que existen en el Texto Refundido de la Ley 2/2004 Reguladora de las Haciendas Locales, tres de esos tributos tienen su fuente en el urbanismo.

La actividad urbanística es el más importante sector competencial de la acción administrativa municipal, siendo la principal vía de financiación de las Corporaciones Locales que cada vez están más endeudadas. La mayoría de los gobiernos municipales han visto el urbanismo como la gallina de los huevos de oro, dado que han visto la solución a la precaria situación de las arcas municipales.

Con la entrada en vigor de la LO 5/2010, se ha ampliado el número de elementos urbanísticos sobre lo que puede ser informados favorablemente objeto de la emisión del informe de los que hace referencia el precepto del 320 CP. Con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica, se hacía referencia al artículo 320 CP, a la emisión de informes favorables de proyectos de edificación y concesión de licencia, y a partir de ahora, también pueden ser objeto de informes los instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación y los proyectos de construcción o edificación. Además también con esta reforma se ha criminalizado en el artículo 320 del CP la conducta del funcionario que silencie la infracción de las normas urbanísticas, o la omisión de la realización de inspecciones de carácter obligatorio.

José Antonio Martínez Rodríguez nació en Arahal (Sevilla), el 7 de diciembre de 1963. Es Doctor en Derecho Penal y Procesal por la Universidad de Sevilla, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional del Educación a Distancia (UNED); Letrado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla; Asesor Jurídico de la Delegación de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Arahal; Diplomado en Estudios Avanzados por el Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla, Máster Superior en Prevención de Riesgos Laborales; Diploma en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal; Diploma en Gestión Laboral y Seguridad Social por el Centro de Estudios Técnicos Empresariales; Diploma en Derecho Urbanístico y Medio Ambiente; Diploma en Derecho Penitenciario por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.

Dolo y error. Una propuesta para una imputación auténticamente subjetiva.

88,00

La creciente normativización de las categorías del delito es una tendencia incuestionable. Con este trabajo se pretende aportar una visión alternativa de dicho fenómeno en el ámbito de los elementos subjetivos del tipo, en concreto, del dolo y la imprudencia. El enfoque dogmático escogido para el estudio de estos elementos subjetivos será el de la teoría de las normas y de la imputación, abordado desde los aportes de las ciencias sociales.

Desde la teoría de las normas se pondrá en evidencia la conexión que existe entre el autor del delito y sus conocimientos necesarios para la infracción del deber (contenido en la norma de conducta). Desde la doctrina de la imputación se advertirá la dimensión exclusivamente subjetiva que ha de someterse al juicio de desvalor y de atribución. Los aportes de las ciencias sociales revelarán los aspectos no estrictamente jurídicos que deben considerarse en la elaboración dogmática de los elementos del delito.

El trabajo se estructura en dos cuestiones capitales: la definición y clasificación cognitiva del elemento subjetivo y su valoración e imputación.

Lorena Varela es Abogada (2001) y Posgrado (2003) en Derecho penal por la Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes, Argentina). Diploma de Estudios Avanzados (2006) y Doctora en Derecho penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Profesora ayudante de Derecho penal en la Universidad Nacional del Nordeste (2002-2004) y Pompeu Fabra (2011-2016). Actualmente, Investigadora del Instituto de Derecho penal económico y Derecho penal internacional y europeo (Institut für Wirtschaftsstrafrecht sowie Internationales und Europäisches Strafrecht) de la Universidad de Saarlandes (Saarbrücken, Alemania)”.

Dopaje deportivo. Análisis Jurídico-Penal y estrategias de prevención.

62,00

El dopaje deportivo existe hace miles de años. Este grave problema en el deporte hace necesaria la creación de diversas estrategias normativas para evitar su difusión y para combatir su uso. En ese contexto, el Código Mundial Antidopaje constituye la norma fundamental de aplicación universal para los Estados que son parte de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO. Pero también los Códigos penales nacionales, entre ellos el español, han ido incorporando en los últimos años una regulación específica de ese fenómeno delictivo, con vistas a su represión y a su prevención. En la presente obra se analiza de manera exhaustiva los fundamentos, el desarrollo y la solución de la problemática del dopaje, desde sus antecedentes normativos, su evolución internacional, los perfiles dogmáticos del tipo penal de dopaje deportivo hasta las medidas preventivas encaminadas a combatir y erradicar esta lacra universal. La interacción entre Deporte y Sociedad y los fundamentos del Derecho penal deportivo encuentran, en fin, en la presente obra un desarrollo sugerente, acabado y completo.

La Dra. Silvia Irene Verdugo Guzmán es especialista en Derecho penal deportivo y autora de diversas publicaciones sobre la materia.

Silvia Verdugo Guzmán es Doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla (2016). Profesora de Derecho penal en la Fundación San Pablo CEU – Andalucía. Especialista en materias jurídico-penales y deportivas. Es autora de diversos artículos y ensayos de su especialidad, así como de la primera traducción del inglés al español del Código Mundial Antidopaje (versión del 2015). Ponente en congresos y conferencias acerca del Derecho y el deporte (violencia en los deportes de contacto, derechos de la mujer, el dopaje genético, etc.) en las Universidades de Sevilla, Granada, Deusto, en los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y de Córdoba, entre otros lugares de España. Obtuvo el XIV Premio de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo (2014).

También es Cinturón Negro Tercer DAN en Taekwondo W.T.F., y participante como deportista, profesor y árbitro de combate deportivo en España. Ha colaborado especialmente con la Federación Andaluza de Taekwondo, en la que forma parte del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva en calidad de Presidente Suplente.

El delito de asesinato. Análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de reforma del Código Penal.

22,00

Razones de Política Criminal asocian la “prisión permanente revisable” a la comisión de hechos, como los tipificados en el artículo 140 del Código Penal, particularmente dignos de mayor reproche social, frente a los cuales la sociedad exige mayor protección jurídicopenal y, en su caso, una respuesta contundente del sistema punitivo.

Se podría afirmar, también, una intensa protección de la víctima frente a su asesino, hasta ahora, privilegiado en cuanto a los factores psicológicos y psiquiátricos que motivaron su crimen, frente al relativo abandono de la víctima a su suerte.

Por otra parte, la Reforma del delito de asesinato en virtud de la LO 1/2015, de 20 de marzo, técnicamente, es correcta en la línea aquí defendida del asesinato como un “delito circunstanciado pero de naturaleza autónoma”. Sin embargo, de “lege ferenda” propongo castigar el delito de asesinato en base a un criterio de “agravación progresiva”, conforme a lo establecido en el artículo 76 del Código Penal que, excepcionalmente, dispone que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable será de 30 ó de 40 años de privación de libertad, que es una pena cierta, determinada en el tiempo y no vulnera los fundamentos y la finalidad de las penas en el Estado de Derecho.

JUAN ANTONIO MARTOS NÚÑEZ

Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

Director del “Grupo Andaluz de Investigación Jurídica” del Departamento de Derecho Penal Y Ciencias Criminales de la citada Facultad.

Publicaciones más recientes. LIBROS:

“Derecho Penal. Parte General: Fundamentos de Derecho Penal”. Editorial Civitas, S.L., Madrid, 2001.

“El delito de contaminación acústica” Iustel Portal Derecho, S.A., Madrid, 2010.

“Delitos cualificados por el resultado en el Derecho Penal Español”. J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2012.

ARTÍCULOS.

“La protección jurídicopenal de los derechos de los ciudadanos extranjeros”. Revista General de Derecho Penal, 11 (2009).

“”El delito de trata de seres humanos: Análisis del artículo 177 bis del Código Penal”. Estudios Penales y Criminológicos, Vol. XXXII (2012).

El delito de fraude del funcionario público.

46,00

La obra que tiene en sus manos constituye una necesaria puesta al día y asume la tarea de analizar todos los requisitos típicos que componen la figura del fraude funcionarial, prevista y sancionada por el recientemente modificado artículo 436 del Código penal español, conforme LO 1/2015, de 30 de marzo. Este ilícito integra los denominados “delitos contra la Administración pública”, razón por la que se aborda también el estudio de la Administración pública como institución, su papel actual y la delimitación del bien jurídico protegido, explicando para ello la relación existente entre Administración pública, función pública y, correcto ejercicio de esta última en pos de la satisfacción de intereses generales de los ciudadanos. También se contienen explicaciones sobre qué debemos entender hoy, para efectos penales, por autoridad o funcionario público.

Este riguroso pero a la vez sintético análisis integral permite al lector comprender en qué casos estaremos frente a un delito de fraude del funcionario público, cuáles son sus antecedentes normativos y su naturaleza jurídica, el carácter especial de este título de imputación y, las posibles relaciones intraneus – extraneus en torno a esta figura delictiva. Se trata de ofrecer de manera clara, compendiada y atendiendo a la doctrina y jurisprudencia recientes, la información que el usuario requiere sobre los límites objetivos y la configuración subjetiva de este tipo penal, sus fases de desarrollo y si procede o no el castigo por una tentativa de fraude, distinguiendo su aplicación de otras figuras delictivas, esto es, posibles problemas concursales. No queda fuera de este libro el estudio de las consecuencias jurídicas del delito de fraude -tanto penales como administrativas- a la luz de los principios de legalidad en materia de sanciones públicas y, non bis in idem; la problemática de la agravante de prevalimiento del carácter público del funcionario como sujeto activo y las penas de inhabilitación y comiso, todo lo que podrá encontrarse en su capítulo final.

Andrés Benavides Schiller es abogado. Doctor en Derecho penal y Derecho procesal penal por la Universidad de Sevilla, España. Es profesor en Chile de Derecho penal en la Universidad de Valparaíso, donde imparte clases en pre y post grado; y de litigación oral en la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar. Cuenta con publicaciones internacionales en el ámbito de los delitos contra la Administración pública y ha cursado estudios de litigación oral estratégica en Chile y en Estados Unidos de Norteamérica, dictando talleres en esta área tanto en su país como en el extranjero.

El delito de organización terrorista: Un modelo de Derecho penal del enemigo. Análisis desde la perspectiva de la imputación objetiva.

85,00

La problemática del terrorismo organizado es una realidad innegable que pone en jaque a las modernas democracias alrededor del mundo. La Ley penal, debidamente apegada al principio de legalidad, se ha erigido como el único instrumento viable para tratar los fenómenos criminales de máxima entidad desestabilizadora.

La presente obra explora minuciosamente la regulación española en materia de combate a la conformación de organizaciones terroristas, de acuerdo a la novedosa reforma del año 2015.

La conducta conformativa de organizaciones terroristas se analiza a través de la teoría del derecho penal del enemigo, ampliamente estudiada en la Universidad Hispalense de Sevilla y que ha sido el centro de un intenso debate doctrinal, legal y jurisprudencial alrededor del mundo.

Por medio de los vectores de dicho esquema teórico y práctico, se lleva a cabo una profunda reflexión sobre las categorías pertenecientes a la teoría general del delito aplicadas al crimen de conformación de organización terrorista. El trabajo se encuentra claramente insertado en los postulados del moderno sistema funcional-normativista, aportando una sugerente disertación, sostenida en profundos fundamentos teóricos, pero claramente aplicables a la práctica.

El derecho penal del enemigo es un sistema político criminal portador de un alto contenido dogmático, lo que robustece su solidez científica. Sin embargo, el texto no ignora lo controvertido del tema y la validez de las diversas opinones críticas en torno a su paradigma asegurativo-preventivo orientado hacia el combate.

La realidad criminal en el mundo ha llevado a la implementación de sistemas penales especializados para hacer frente a la delincuencia más violenta (delitos de organización). En vista de ello es imprescindible explorar dichos marcos normativos en aras de una debida comprensión, mejoramiento y sobre todo, limitación.

Gilberto Santa Rita Tamés

1.- Doctor en Derecho (Cum Laude) por la Universidad de Sevilla (2012)

2.- Maestro en Derecho por la Universidad de Sevilla

3.- Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe, Ciudad de México

4.- Profesor investigador del departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana

5.- Profesor de especializaciones en el Instituto Nacional de Ciencias Penales

6.- Miembro del Sistema Nacional de Investigadores

7.- Asesor en materia penal y procesal para la Organización de Estados Americanos

8.- Consejero Técnico del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior

9.- Conferencista en distintos países de América Latina y España

10.- Ponente permanente en diversos diplomados y cursos superiores en la facultad de Derecho de la UNAM

11.- Colaborador en los medios de comunicación Telemundo, Televisión Educativa, Radio Fórmula, W Radio, Radio Educación, Ibero 90.9 así como en prensa escrita

12.- Asesor jurídico en litigio penal

Publicaciones:

1.- “Nuevos horizontes de la ciencia penal en México. Ciudadanía corporativa/Derecho penal del enemigo”, México, (2015)

2.- “Tipificación problemática: el delito de trata de personas y su vínculo con el terrorismo organizado”, España, (2015)

3.- “La reforma inocuizadora”, México, (2015)

4.- “Concepto de persona y maltrato animal”, “Receptación delictiva. Una aproximación normativista a sus elementos subjetivos”, “Sobre la normativización del aborto”, Libro homenaje a los profesores Claus Roxin y Miguel Polaino Navarrete, Argentina, (2013)

5.- “Aproximación al delito de turismo sexual en la Ciudad de México”, Brasil, (2013)

El desistimiento en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

30,00

Este estudio sobre el desistimiento en la Ley de Enjuiciamiento de 2000 responde a los siguientes interrogantes: ¿Cómo se ha implementado el desistimiento como forma de terminación del proceso? ¿Qué cuestionamientos son relevantes en las resoluciones judiciales cuando se decide sobre el tema? Luego en cadena se investiga cómo se acopló el desistimiento en la LEC frente a la contraparte y demás etapas formales que lo comprenden; para tal fin fue necesario desarrollar otros contenidos que se plantearon como problemas nodales de tal figura: ¿cómo se ejerció la bilateralidad en el desistimiento? En cuanto a las partes, ¿qué tratamiento normativo y práctico ha tenido la oposición como manifestación inequívoca de impedir el desistimiento? Ante esta cuestión y dada la legislación prevista en la LEC, se considera tener claro ¿en qué consiste la oposición y cuáles son sus consecuencias desde el punto de vista de las costas judiciales? Esto en razón de que hay que tener en cuenta las posturas que asumen las partes, esos factores juegan un papel preponderante en los criterios legales para concretar la condena en costas.

Se suma a este trabajo para buscar respuesta a los mencionados problemas, la elaboración de una panorámica jurídica y completa del régimen del desistimiento dentro de la LEC. Resulta preciso poner en el punto de partida un concepto del desistimiento que permita verificar con él las adaptaciones de las circunstancias resueltas en la práctica judicial. De allí que se observe en su contenido temático, cómo se desarrollan los diferentes trámites e instituciones relevantes de la LEC en la primera instancia.

María del Socorro Rueda Fonseca.

Abogada e investigadora graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes-Colombia, profesora asociada en la misma universidad. Doctora en Derecho de la Universidad de Zaragoza, España. Desde 1990 ha enseñado en las asignaturas de Derecho Procesal Civil, Obligaciones I y II, Argumentación de Procesos Civiles y Constitución y Democracia. Dentro de sus obras colectivas destaca el libro Derecho procesal civil (Editorial Temis y Biblioteca Jurídica Uniandina, Bogotá, 2009), así como el texto electrónico, elaborado bajo su coordinación, Hipertexto de derecho procesal (Bogotá, 2008). Publicó el libro Fundamentos de derecho procesal (Señal Editora, 2009). También es de su autoría el libro La reparación de perjuicios en el vínculo matrimonial (Ediciones Uniandes, Bogotá, 2011), La raíz del Código General del Proceso, Universidad de los Andes, Colección de Estudios Cijus, (Bogotá, 2015).

El principio de legalidad en la jurisdicción de menores.

59,00

El principio de legalidad constituye el pilar del Estado de Derecho en Europa y, podría afirmarse que, también, en toda la humanidad, siendo el mayor protector de la libertad individual en el contexto del Derecho penal. En el Derecho penal juvenil, el principio del interés superior del menor es otro pilar fundamental que sostiene toda la edificación legislativa, judicial y socioeducativa.

La finalidad de esta obra es el valorar la compatibilidad del articulado que representa el interés del menor con la Constitución, y, para ello, hemos confrontado el principio del interés del menor con el de legalidad. Se hace necesario valorar la relación entre ambos principios a la luz de la Constitución debido a que, en el Derecho penal juvenil, suele tolerarse cierto nivel de “flexibilización de garantías” o relativización de los principios penales tradicionales en virtud o con fundamento en el interés del menor. Como consecuencia de tal flexibilidad, se produce un desequilibrio en la balanza de principios que sustentan el Derecho penal juvenil: en un plato de la balanza, el principio del interés superior del menor –a favor del cual se decanta la balanza- y, en el otro, los principios del Derecho penal, en particular el de legalidad. Consecuencia de ese desequilibrio, podemos afirmar la existencia de una relación conflictiva entre garantías penales y el concepto del interés del menor.

Proponemos algunas soluciones para abordar dicha relación conflictiva. Entre dichas soluciones, sugerimos la reconversión del principio del interés superior del menor en derecho fundamental a la educación aplicado en el contexto de la justicia juvenil.

Joan Manel Gutiérrez se licenció en Derecho, en la Universitat Pompeu i Fabra, en el año 2003 y empezó a ejercer diversas profesiones jurídicas en calidad de sustituto, a partir del año 2004. Ha sido juez, primero en Ripoll, y después en varios juzgados más de Barcelona. Posteriormente, abogado de la Generalitat, en el Gabinete Jurídico de la Generalitat de Catalunya, en el equipo penal, donde ejerció la representación legal y defensa de la Generalitat en los juzgados de menores de Barcelona. Más tarde, ha sido fiscal, adscrito a la Fiscalía de Barcelona y, actualmente, es jurista en la Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior.

EXTRACTO DEL ÍNDICE

PRIMERA PARTE:

LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y DERECHO PENAL JUVENIL

CAPÍTULO I: FUNDAMENTO Y NATURALEZA

CAPÍTULO II: PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. CONCEPTOS BÁSICOS

SEGUNDA PARTE

GARANTÍAS E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

CAPÍTULO III: ESPECIAL CONSIDERACIÓN DEL INTERÉS DEL MENOR

CAPÍTULO IV: INDIVIDUALIZACIÓN DE LA CONSECUENCIA JURÍDICA

TERCERA PARTE

LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA EN EL QUEBRANTAMIENTO

DE LA PENA JUVENIL NO PRIVATIVA DE LIBERTAD

CAPÍTULO V: LA CUESTIÓN DE LA ADECUACIÓN CONSTITUCIONAL

CAPÍTULO VI: OTROS PROBLEMAS RELATIVOS A LA SEGURIDAD JURÍDICA

CAPÍTULO VII: LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA EN EL REGLAMENTO

En los límites de la exclusión de la responsabilidad penal. El caso “Jakob von Metzler” y el empleo de la tortura en el estado de derecho.

65,00

La tortura constituye sin duda una conducta delictiva que resulta incompatible con los estándares que caracterizan al Estado social y democrático de Derecho vigente en la amplia mayoría de las democracias occidentales. Dicha violencia física o psicológica infligida por representantes del poder estatal constituye no sólo un ilícito penal según los Textos punitivos internos, sino que, al mismo tiempo, contraviene la normativa internacional aprobada en la materia a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, la evolución cuantitativa y, sobre todo, cualitativa producida en determinados ámbitos de criminalidad, incluyendo la violencia terrorista, ha hecho que en no pocos países democráticos se haya discutido sobre la eventual legitimidad de la denominada «tortura de rescate», a saber, aquellos casos en los que las partes implicadas no se reducen únicamente al torturador y al destinatario de la violencia estatal, sino que más bien cabe hablar de una constelación triangular, en la cual hay que incluir también a la víctima cuya vida se encuentra en serio peligro debido a la acción cometida por la persona detenida, destinataria directa de la tortura. Teniendo en cuenta estos precedentes teóricos, el objetivo del siguiente trabajo se centra en analizar la posible justificación de la «tortura de rescate» a partir del legendario caso «Jakob von Metzler», ocurrido en Alemania en el año 2002. Para ello, el análisis va mucho más allá de una perspectiva exclusivamente jurídico-penal, abordando más bien la problemática desde aspectos tan diversos –a la vez que relevantes– como son la Criminología, la Ética, el Derecho internacional, el Derecho policial o el Derecho constitucional.

Miguel Ángel Cano Paños es Profesor Titular de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Granada. Tras la Licenciatura en Derecho y la Diplomatura en Criminología en la Universidad de Barcelona, Caño Paños se trasladó en el año 1996 a la Universidad de Münster (Alemania), donde realizó un Máster en Derecho Penal bajo la dirección científica de Eberhard Struensee. Posteriormente, en el año 1999 se trasladó a la Universidad de Potsdam (Alemania), con el objetivo de realizar la tesis doctoral en Derecho Penal, dirigida esta vez por Wolfgang Mitsch, concluyéndola con éxito en el año 2003. Tras varias estancias postdoctorales en varios países extranjeros, Cano Paños regresó a España en el año 2008 tras haber obtenido un contrato Ramón y Cajal, siendo su destino la Universidad de Granada, donde obtuvo su plaza de Profesor Titular de Universidad en el año 2014. Posteriormente, en el año 2015 obtuvo su doctorado en Criminología en la Universidad de Murcia, siendo su tesis dirigida por Jesús Barquín Sanz. Los ámbitos de investigación de Cano Paños se centran fundamentalmente en temáticas vinculadas tanto al Derecho Penal como la Criminología, debiendo destacarse la delincuencia terrorista, el crimen organizado, las consecuencias jurídicas del delito, el Derecho penitenciario, las teorías de la criminalidad o la delincuencia juvenil y el Derecho penal de menores. En este sentido, Cano Paños cuenta con numerosas publicaciones, tanto en España como en otros países, debiendo destacarse sus monografías El futuro del Derecho Penal Juvenil Europeo (2006), Generación Yihad: La radicalización islamista de los jóvenes musulmanes en Europa (2010) o Régimen penitenciario de los terroristas en España. La prisión como arma para combatir a ETA (2012).

Estudio jurisprudencial de los trastornos neuróticos y del control de los impulsos.

54,00

En España, una importante proporción de los delitos que llegan a nuestros Tribunales son cometidos por personas que presentan algún trastorno psiquiátrico. En estos casos, el juez o tribunal puede aplicar eximentes o atenuantes que modifican o incluso anulan la posibilidad de condena o pena.

En esta obra, hemos analizado aquellas resoluciones judiciales en las que se incluyera como circunstancia el diagnóstico de neurosis, algún tipo de trastorno neurótico o trastorno del control de los impulsos,todos ellos como diagnóstico aislado, es decir no asociado a otro tipo de trastorno. En total se han registrado 368 resoluciones.

Hay que decir, en primer lugar, que el término neurosis, que se ha venido usando en numerosas sentencias, se considera hoy impreciso, obsoleto y no aparece en los dos principales manuales de clasificación de trastornos mentales (CIE-10 y DSM-5), no obstante en esta obra se ha considerado como entidad diagnóstica. Aparte de neurosis, que encontramos en bastantes resoluciones, otros diagnósticos identificados son: trastorno mixto ansioso-depresivo, TOC, disociativo y somatomorfo. Además se han incluido también los catalogados como trastornos del control de los impulsos, por la semejanza de sintomatología según la doctrina jurisprudencial, esto es, ludopatía, cleptomanía, piromanía y trastorno explosivo intermitente.

Los delitos con mayor frecuencia cometidos en estos casos son: homicidio/asesinato (19%), lesiones (13%) y robo/hurto (11%). En relación a la imputabilidad, se aplica en más de un 70% de los casos eximente completa, incompleta o atenuante analógica y en un 30% plena imputabilidad.En un 54,3% de las resoluciones se utiliza una terminología diagnóstica concordante con la que se refleja en los manuales de diagnóstico actuales. El resto son imprecisas y a nuestro juicio, podrían (es más, deberían) descartarse como susceptibles de sentar Jurisprudencia rigurosa y actualizada.Dentro de las resoluciones donde se aplica eximente completa o incompleta, tan sólo en un 56,25% se decretan medidas de seguridad, siendo las más habituales: el internamiento en centro psiquiátrico o la imposición de tratamiento médico externo.

Salud de Aguilar Gualda, granadina de nacimiento y residencia, se licenció en Derecho por la Universidad de Granada, especializándose en Derecho Urbanístico y Seguridad Social. Durante el ejercicio de la abogacía, obtuvo la mención de doctora en Derecho Penal, también por la Universidad de Granada. En la actualidad compatibiliza la práctica de la abogacía, el trabajo de investigación con varios artículos publicados en distintas revistas y la impartición como tutora externa de la asignatura de practicum a través de la Facultad de Derecho.

Individualización de la responsabilidad penal por la actividad empresarial en EE.UU. ¿Un modelo para el Derecho penal español?

41,00

En el terreno de la práctica judicial, cada vez son más numerosos los casos en los que están implicados por diferentes delitos agentes internos de la empresa y, más recientemente, las propias organizaciones. De hecho, una de las principales problemáticas actuales a las que se enfrenta la praxis forense es la individualización de la responsabilidad penal en el seno de la estructura empresarial, y quizás por ello sea, también, un campo de investigación vivo en el que la teoría del delito se sigue desarrollando para su mejora como instrumento sistemático y metodológico. La presente monografía supone una novedosa forma de contribuir tanto a comprender mejor el sentido de la responsabilidad penal frente a quienes cometen delitos en el ámbito empresarial, como a mejorar nuestra propia capacidad hermenéutica aprendiendo de otros modos de ver los problemas dogmáticos. Tomando como punto de partida la evolución del sistema estadounidense desde la implantación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y ahondando en la problemática constatada de que en EE.UU. el sistema de responsabilidad penal de las empresas está mercantilizando el Derecho penal empresarial enmascarando a los auténticos artífices de una gran actividad delictiva, la autora explica profusamente, de un modo inédito en nuestro idioma, y con una perspectiva crítica, cómo esto fue el inicio de una tendencia creciente sobre la que la dogmática estadounidense ya manifestó su preocupación décadas atrás y sobre la que recientemente también se ha pronunciado la propia Fiscalía General de EE.UU. En este sentido, la autora propone, a partir de los criterios jurisprudenciales que desde hace décadas se están utilizado en EE.UU. para el levantamiento del velo y la individualización de la responsabilidad de los distintos sujetos que intervienen en la delincuencia empresarial, la potenciación y mejora también en nuestro sistema, de la individualización de la responsabilidad en la empresa. Así, partiendo de la práctica penal estadounidense propone el empleo en nuestro sistema de distintos criterios para la atribución de la responsabilidad de los altos directivos, los trabajadores y los asesores externos a la propia empresa; que encuentran en la presente obra, un sugerente planteamiento que no pasará desapercibido para la práctica y la Dogmática penal.

La Dra. Elena B. Fernández Castejón es Profesora de Derecho penal en la Universidad Miguel Hernández e investigadora del Centro Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia, de la misma Universidad. Licenciada en Derecho por la UMH,cursó sus estudios de Máster en Derecho penal y Ciencias penales en la Universitat de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra, así como el Máster en Intervención Criminológica y Victimológica en la UMH. Fue visitingscholar en la University of Texas at San Antonio donde estuvo trabajando sobre la individualización de la responsabilidad penal por la actividad empresarial.