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Aproximación legislativa versus reconocimiento mutuo en el desarrollo del espacio judicial europeo: una perspectiva multidisciplinar.

49,00

La presente obra constituye el resultado final de un Proyecto de Investigación que bajo el mismo título dirige la investigadora principal, Mar Jimeno Bulnes, Catedrática de Derecho Procesal. Los autores pertenecen al equipo de investigación adscrito a dicho proyecto. El mismo se haya formado por profesores doctores de diversas universidades de las áreas de Derecho Internacional Privado, Penal y Procesal siendo mayoritaria la participación de esta última rama.

La materia objeto de tratamiento es a la fecha de indiscutible actualidad a partir del desarrollo del espacio judicial europeo y así la promulgación de instrumentos procesales (y materiales) varios a fin de hacer posible la cooperación judicial en la Unión Europea entre jueces y tribunales de los distintos Estados miembros, tanto en el ámbito civil como penal. Base jurídica de los mismos se encuentra en sendos principios hoy día contenidos ya en arts.81.1 y 8.1 TFUE a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, bien de reconocimiento mutuo o bien de aproximación legislativa, de ahí el título del proyecto y presente obra. Ante la imposibilidad de abordar el tratamiento completo de todos los instrumentos procesales a la fecha dictados (o de próxima aprobación) por parte de las instituciones europeas se realiza una selección de los mismos en función de su actualidad y/o novedad así como implantación en España, si fuera necesario mediante legislación específica.

En cuanto a la metodología empleada, el examen de tales instrumentos materiales y procesales se realiza desde una doble perspectiva legislativa y jurisprudencial tanto de sede europea como en unos y otros Estados miembros, de modo especial, lógicamente España. No se olvida por ello la referencia específica a la jurisprudencia europea existente en este ámbito del llamado ‘espacio judicial europeo’. Así también se aborda el análisis de los instrumentos orgánicos que facilitan el alcance efectivo de dicha cooperación judicial europea entre las distintas autoridades judiciales desde la doble perspectiva civil y penal realizando hoy elección por la institución de mayor alcance, cual es la futura fiscalía europea en el seno del proceso penal.

Dada la amplitud de la materia, la visión de cada uno de los apartados se realiza de forma breve pero no por ello menos exhaustiva y profunda, presentándose en cada caso la legislación, jurisprudencia y bibliografía de referencia, de procedencia nacional o extranjera.

Por todo ello, el contenido del presente estudio resulta idóneo para posibles destinatarios procedentes tanto del ámbito académico como judicial: docentes, investigadores, jueces, magistrados, abogados, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales, policiales, estudiantes, etc.

La LEC práctica en fichas (Segunda edición).

22,00

El presente trabajo tiene como finalidad explicar de forma sintética, clara y concisa las diferentes instituciones procesales reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La monografía está destinada a dos colectivos. En primer lugar, a los abogados y procuradores que requieran de la comprensión y rápido entendimiento de uno de los elementos prácticos que pueden plantearse en un proceso judicial, y, en segundo lugar, para los estudiantes, tanto de grado como material docente para el seguimiento de la asignatura de Derecho Procesal Civil, como para los graduados que cursan el master de acceso a la abogacía, como material de estudio para la superación del examen estatal.

La venta judicial de inmuebles.

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La venta judicial constituye el acto procesal de apremio más generalmente admitido para la conversión en dinero de los bienes del deudor y su entrega al ejecutante en pago de su crédito, cobrando especial protagonismo la realización de los bienes del deudor mediante su venta a través de los mecanismos procesales que autoriza el legislador por convenio entre las partes, enajenación o venta por persona especializada y venta mediante subasta pública, siendo estos dos últimos los más comúnmente admitidos para la venta judicial de inmuebles. Hipoteca y embargo son los derechos de realización de valor más comunes que recaen sobre los bienes inmuebles y que, al actuar como cargas, influyen en la determinación final del precio una vez practicada la operación procesal que conocemos como liquidación de cargas. El camino procesal elegido para la ejecución, incide directa o indirectamente en la venta judicial del bien inmueble y en el producto con ella obtenido respecto del acreedor ejecutante y de los titulares de créditos posteriores que lo gravan a la hora de contraponer las normas de la ejecución ordinaria con las especialidades propias de la ejecución hipotecaria. La prohibición de disponer como carga que grava el bien inmueble cobra especial interés en los actos de ejecución forzosa como lo es la venta judicial, sin dejar de lado el mecanismo judicial de venta del bien en subasta voluntaria en supuestos como la tan generalizada venta para división de la cosa común.

Josep Maria Sabater Sabaté es Letrado de la Administración de Justicia y Doctor en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili en la que ejerce como profesor asociado de Derecho Procesal en su Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero. Es autor de diversos trabajos y publicaciones, entre los que destacan en el ámbito de la ejecución procesal civil, La liquidación de cargas en el proceso de ejecución civil (JMª. Bosch Editor, Barcelona 2013), El alcance cuantitativo de la anotación preventiva de embargo y el derecho del acreedor a la satisfacción íntegra de su crédito (“JUSTICIA. Revista de Derecho Procesal”, 2013, núm. 2, pp. 409 a 446) y el Comentario al art. 666 LEC (en “Práctica Procesal Civil Brocá/Majada/Corbal”, directores Corbal Fernández, J., Izquierdo Blanco, P. y Picó Junoy, J., 23ª edición, Bosch, Barcelona 2014, tomo VIII, pp. 7478-7499).

Peritaje y prueba pericial.

77,00

La LEC 1/2000 realizó una regulación nueva y compleja de la prueba pericial que, en la práctica de sus primeros quince años de vigencia, ha originado infinidad de problemas de todo tipo. Y ello es especialmente crítico por cuanto esta prueba es fundamental para la justa resolución del proceso en aquellos casos en los que el juez precisa de conocimientos científicos, técnicos o especializados. La LEC, en vez de configurar la pericia como un mecanismo de auxilio por parte del juez, la ha “privatizado” y dejado en manos de las partes, por lo que se reduce al máximo el protagonismo del juez. Todo ello justifica que los profesionales del derecho -preocupados por esta realidad normativa- así como los peritos -principales afectados por dicha regulación- estén pendientes de todas las obras referentes a la prueba pericial. Y aquí van a encontrar un excelente libro que no solo aborda críticamente los muchos problemas de la prueba pericial sino que formula soluciones eficaces para afrontarlos, con la participación de brillantes profesionales del derecho (magistrados, catedráticos y profesores titulares de universidad, y abogados de reconocido prestigio) y técnico-periciales (médicos, arquitectos, ingenieros, psicólogos, entre otros).