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Derechos a la libertad de información y expresión en el contrato de trabajo.

50,00

Esta obra se aboca al estudio de los derechos a la libertad de información y expresión en el contrato de trabajo, con el fin de dar una solución a los conflictos que se presentan ante la dificultad de los operadores jurídicos para distinguir, en los casos concretos, ambos derechos fundamentales. Para ello, aborda las implicaciones jurídicas de su ejercicio en las relaciones laborales, analizando la doctrina científica al respecto y los diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y de los Tribunales europeos, desde una perspectiva armonizadora de los derechos fundamentales. Esta monografía está dirigida a abogados, operadores jurídicos, organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales de protección de los derechos fundamentales, administraciones públicas dedicadas a la protección de los derechos de los trabajadores, investigadores jurídicos, especialistas en recursos humanos, entre otros interesados en la defensa de estos derechos de vital relevancia en una sociedad democrática.

Rebeca Karina Aparicio Aldana es Doctora (Premio Extraordinario de Doctorado Cum Laude) y Máster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Rey Juan Carlos, Licenciada en Derecho y estudios Post Doctorales por la Universidad de Alcalá. Actualmente, asesora de la firma Ubillús Bracamonte – Abogados (EUB – Lima), asociada en Europa a Iberum Abogados (Madrid), ganadora de prestigiosos premios internacionales de investigación jurídica, ponente en Conferencias, Jornadas y seminarios organizados por universidades y centros de estudio españoles y extranjeros, como, Argentina, Uruguay, Colombia y Perú, entre otros y autora de diversas publicaciones tanto en España como a nivel internacional destacando las monografías: Derecho a la intimidad y a la propia imagen en las relaciones laborales, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor, 2016 y Derecho a la libertad ideológica, religiosa y de conciencia en las relaciones laborales, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor, 2017.

El control de las normas internas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Especial consideración de su aplicación en España y Nicaragua.

37,00

El control jurisdiccional de las normas internas practicado por la Corte IDH y el TEDH adquiere, cada vez más, especial interés en el estudio comparativo de sus relaciones y el diálogo jurisdiccional. La interpretación de los actos normativos como hechos estatales sujetos de control internacional pone en perspectiva la interacción de sistemas normativos autónomos y de los mecanismos institucionales de garantía en los ordenamientos jurídicos nacionales. El estudio comparativo de su aplicación en España y Nicaragua evidencia un test de convencionalidad que tiene como parámetro de juicio la compatibilidad con los tratados constitutivos y la jurisprudencia desarrollada en ambos sistemas regionales, que discurren en ciertas semejanzas y disimilitudes propias de la evolución e interpretación de los ámbitos competenciales de los tribunales regionales; pero también de una narrativa jurisprudencial que retoma las distintas tradiciones jurídicas de países europeos y americanos y la protección interna de los derechos fundamentales.

Byron G. Cárdenas Velásquez. Doctor en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los derechos humanos. Trayectoria profesional en diversas instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en diversos países.

El control de los cibermedios.

29,00

Una perspectiva de análisis jurídico de los medios de comunicación digitales, tanto a nivel interno como comparado, permite concluir que se plantean similares problemáticas en los diversos Estados, como pueden ser la de determinar si procede una idéntica protección constitucional y jurídica a los medios tradicionales y a los cibermedios, la corrección jurídica de medidas restrictivas como el cierre de páginas webs o blogs, la aplicación de la protección de derechos de terceras personas como mecanismo de los juicios paralelos y el alcance del derecho al olvido. Estas problemáticas demuestra la dificultad de regulación específica de la temática de los medios de comunicación digitales y sobre todo el establecimiento de mecanismos de control de su actividad. La estructuración de sistemas de control o supervisión de cibermedios requiere de unas pautas y parámetros específicos, con articulación subjetiva y objetiva de mecanismos de autorregulación y unas reglas de conducta explicitadas y publicadas en el propio medio con carácter más genérico.

El control judicial de los medios de comunicación.

33,00

El presente trabajo se ha centrado en el análisis del control judicial y los parámetros utilizados por la jurisprudencia para resolver las colisiones entre derechos en materia de medios de comunicación, tanto desde una perspectiva comparada como del propio ordenamiento jurídico interno. Los actuales sistemas de control de los medios de comunicación tienden a confluir, con interconexiones entre los diferentes mecanismos de ejercicio del control, que se pueden caracterizar como actividades de autorregulación, corregulación y de regulación. La actividad de ponderación judicial tiende a objetivizar los comportamientos, de forma que se puede decir que configuran parámetros que funcionan como normas y que recaen sobre la responsabilidad de los medios para determinar la importancia del objeto o contenido de la información o el cumplimiento de un código ético de carácter profesional. La importancia creciente de los medios de comunicación audiovisual implicará que se extienda los parámetros combinados de control a los otros medios de comunicación como la prensa escrita, que deberá adoptar criterios de autorregulación, corregulación y de regulación similares a los utilizados en la Ley General de Comunicación Audiovisual y compatibles entre sí.

El Derecho del mar y las personas y grupos vulnerables.

51,00

La evolución del Derecho del mar ha dejado en descubierto la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan personas y colectivos humanos. Esta obra trata de hacerse eco de esta evolución y de la actualidad de las cuestiones que se refieren a las personas y los grupos vulnerables en un entorno marítimo, presentando estas situaciones desde una perspectiva jurídica. En este sentido, se tratan cuestiones como: los Derechos humanos desde una perspectiva del Derecho del mar; los Estados fallidos en el orden jurídico de los mares y océanos; el caso de los niños quienes pueden ser objeto de trata de personas y de trabajo forzoso; la situación particular de las gentes del mar jubiladas; la presencia de la mujer en el mundo marino, y en particular, en la pesca; la situación de las personas que prestan su trabajo en entornos laborales poco escrupulosos con el respeto de los derechos sociales como ocurre con frecuencia en buques con pabellón de conveniencia o no cumplidores con las normas internacionales; la crisis migratoria en el mar; las personas y los grupos vulnerables de los países en desarrollo y de los pequeños Estados insulares y archipelágicos que se están enfrentando a desafíos singulares y particulares puestos en evidencia por la evolución del Derecho del mar, tales como el calentamiento global, la elevación del nivel del mar, así como el acceso y el reparto de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos marinos; la situación de los Territorios no autónomos en el Derecho contemporáneo del mar; y los Derechos pesqueros de los pueblos indígenas.

El principio de legalidad en la jurisdicción de menores.

59,00

El principio de legalidad constituye el pilar del Estado de Derecho en Europa y, podría afirmarse que, también, en toda la humanidad, siendo el mayor protector de la libertad individual en el contexto del Derecho penal. En el Derecho penal juvenil, el principio del interés superior del menor es otro pilar fundamental que sostiene toda la edificación legislativa, judicial y socioeducativa.

La finalidad de esta obra es el valorar la compatibilidad del articulado que representa el interés del menor con la Constitución, y, para ello, hemos confrontado el principio del interés del menor con el de legalidad. Se hace necesario valorar la relación entre ambos principios a la luz de la Constitución debido a que, en el Derecho penal juvenil, suele tolerarse cierto nivel de “flexibilización de garantías” o relativización de los principios penales tradicionales en virtud o con fundamento en el interés del menor. Como consecuencia de tal flexibilidad, se produce un desequilibrio en la balanza de principios que sustentan el Derecho penal juvenil: en un plato de la balanza, el principio del interés superior del menor –a favor del cual se decanta la balanza- y, en el otro, los principios del Derecho penal, en particular el de legalidad. Consecuencia de ese desequilibrio, podemos afirmar la existencia de una relación conflictiva entre garantías penales y el concepto del interés del menor.

Proponemos algunas soluciones para abordar dicha relación conflictiva. Entre dichas soluciones, sugerimos la reconversión del principio del interés superior del menor en derecho fundamental a la educación aplicado en el contexto de la justicia juvenil.

Joan Manel Gutiérrez se licenció en Derecho, en la Universitat Pompeu i Fabra, en el año 2003 y empezó a ejercer diversas profesiones jurídicas en calidad de sustituto, a partir del año 2004. Ha sido juez, primero en Ripoll, y después en varios juzgados más de Barcelona. Posteriormente, abogado de la Generalitat, en el Gabinete Jurídico de la Generalitat de Catalunya, en el equipo penal, donde ejerció la representación legal y defensa de la Generalitat en los juzgados de menores de Barcelona. Más tarde, ha sido fiscal, adscrito a la Fiscalía de Barcelona y, actualmente, es jurista en la Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior.

EXTRACTO DEL ÍNDICE

PRIMERA PARTE:

LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y DERECHO PENAL JUVENIL

CAPÍTULO I: FUNDAMENTO Y NATURALEZA

CAPÍTULO II: PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. CONCEPTOS BÁSICOS

SEGUNDA PARTE

GARANTÍAS E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

CAPÍTULO III: ESPECIAL CONSIDERACIÓN DEL INTERÉS DEL MENOR

CAPÍTULO IV: INDIVIDUALIZACIÓN DE LA CONSECUENCIA JURÍDICA

TERCERA PARTE

LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA EN EL QUEBRANTAMIENTO

DE LA PENA JUVENIL NO PRIVATIVA DE LIBERTAD

CAPÍTULO V: LA CUESTIÓN DE LA ADECUACIÓN CONSTITUCIONAL

CAPÍTULO VI: OTROS PROBLEMAS RELATIVOS A LA SEGURIDAD JURÍDICA

CAPÍTULO VII: LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA EN EL REGLAMENTO

En los límites de la exclusión de la responsabilidad penal. El caso “Jakob von Metzler” y el empleo de la tortura en el estado de derecho.

65,00

La tortura constituye sin duda una conducta delictiva que resulta incompatible con los estándares que caracterizan al Estado social y democrático de Derecho vigente en la amplia mayoría de las democracias occidentales. Dicha violencia física o psicológica infligida por representantes del poder estatal constituye no sólo un ilícito penal según los Textos punitivos internos, sino que, al mismo tiempo, contraviene la normativa internacional aprobada en la materia a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, la evolución cuantitativa y, sobre todo, cualitativa producida en determinados ámbitos de criminalidad, incluyendo la violencia terrorista, ha hecho que en no pocos países democráticos se haya discutido sobre la eventual legitimidad de la denominada «tortura de rescate», a saber, aquellos casos en los que las partes implicadas no se reducen únicamente al torturador y al destinatario de la violencia estatal, sino que más bien cabe hablar de una constelación triangular, en la cual hay que incluir también a la víctima cuya vida se encuentra en serio peligro debido a la acción cometida por la persona detenida, destinataria directa de la tortura. Teniendo en cuenta estos precedentes teóricos, el objetivo del siguiente trabajo se centra en analizar la posible justificación de la «tortura de rescate» a partir del legendario caso «Jakob von Metzler», ocurrido en Alemania en el año 2002. Para ello, el análisis va mucho más allá de una perspectiva exclusivamente jurídico-penal, abordando más bien la problemática desde aspectos tan diversos –a la vez que relevantes– como son la Criminología, la Ética, el Derecho internacional, el Derecho policial o el Derecho constitucional.

Miguel Ángel Cano Paños es Profesor Titular de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Granada. Tras la Licenciatura en Derecho y la Diplomatura en Criminología en la Universidad de Barcelona, Caño Paños se trasladó en el año 1996 a la Universidad de Münster (Alemania), donde realizó un Máster en Derecho Penal bajo la dirección científica de Eberhard Struensee. Posteriormente, en el año 1999 se trasladó a la Universidad de Potsdam (Alemania), con el objetivo de realizar la tesis doctoral en Derecho Penal, dirigida esta vez por Wolfgang Mitsch, concluyéndola con éxito en el año 2003. Tras varias estancias postdoctorales en varios países extranjeros, Cano Paños regresó a España en el año 2008 tras haber obtenido un contrato Ramón y Cajal, siendo su destino la Universidad de Granada, donde obtuvo su plaza de Profesor Titular de Universidad en el año 2014. Posteriormente, en el año 2015 obtuvo su doctorado en Criminología en la Universidad de Murcia, siendo su tesis dirigida por Jesús Barquín Sanz. Los ámbitos de investigación de Cano Paños se centran fundamentalmente en temáticas vinculadas tanto al Derecho Penal como la Criminología, debiendo destacarse la delincuencia terrorista, el crimen organizado, las consecuencias jurídicas del delito, el Derecho penitenciario, las teorías de la criminalidad o la delincuencia juvenil y el Derecho penal de menores. En este sentido, Cano Paños cuenta con numerosas publicaciones, tanto en España como en otros países, debiendo destacarse sus monografías El futuro del Derecho Penal Juvenil Europeo (2006), Generación Yihad: La radicalización islamista de los jóvenes musulmanes en Europa (2010) o Régimen penitenciario de los terroristas en España. La prisión como arma para combatir a ETA (2012).

Figuras y responsabilidades en el tratamiento de datos personales.

25,00

El presente libro forma parte de una colección total que pretende recoger, de modo completo, coherente y armonizado, el conjunto de novedades introducidas por la nueva normativa en materia de protección de datos, emanada, a nivel europeo, del Reglamento general de protección de datos (RGPD) y, a nivel interno, complementando y desarrollando aquel, por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Más específicamente, en estas páginas se diseccionan, en primer lugar, los principios esenciales que habrán de vertebrar todo tratamiento a realizar sobre los datos personales de los interesados, determinando aspectos tan relevantes como la legitimación jurídica para poder llevar a cabo dicho tratamiento, la concreción del propósito perseguido y la necesaria sujeción al mismo, la minimización de los datos personales a emplear para poder alcanzarlo, la limitación del plazo de conservación de la información o las medidas a aplicar para garantizar la seguridad técnica de los datos utilizados.

En segundo lugar, y como continuación lógica de lo anterior, analizaremos los contornos fundamentales de los sujetos que habrán de cumplir estrictamente el contenido de estos principios: el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento. En concreto, se delimita la responsabilidad de muy diversa naturaleza que sobre ellos puede recaer, además del vínculo jurídico que los une y que, de igual modo, presenta aristas ciertamente complejas que merece la pena estudiar.

Por último, y como corolario de este estudio, se aborda una figura novedosa y de extraordinaria relevancia en nuestros días: el Delegado de Protección de Datos (DPO), creado para supervisar, controlar y garantizar el cumplimiento, por parte del responsable y del encargado del tratamiento, del conjunto de obligaciones, algunas nuevas y otras renovadas, incorporadas en la regulación sobre la materia.

Es este, pues, un libro de cabecera, de lectura necesaria para todo aquel que pretenda profundizar en algunos de los aspectos más importantes de la protección de datos y del Derecho digital actual.

JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ AYUSO. Doctor internacional en Derecho digital (excelente CUM LAUDE) por la Universidad de Bolonia (Italia), tras obtener una beca de la prestigiosa institución del Real Colegio de España.

Coordinador del Máster Universitario en Protección de Datos. Profesor e investigador de Derecho digital en la Universidad Internacional de La Rioja.

Consultor legal de Ciberseguridad, Compliance y Protección de Datos, con amplia experiencia profesional, habiendo dirigido múltiples proyectos y auditorías en estas materias.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Córdoba.

Máster en Derecho Autonómico y Local por la Universidad de Córdoba.

Director y partícipe en múltiples Proyectos de Investigación Internacionales, entre los que destacan los desarrollados en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Abierta Interamericana, sobre contratación y firma electrónicas y protección de datos.

Autor de varias publicaciones doctrinales en revistas de investigación de prestigio y en libros colectivos, algunos internacionales, en materias como protección de datos, firma electrónica, arbitraje y mediación electrónicos, comercio y contratación electrónicos.

Miembro evaluador permanente en el Centro de Información del Servicio Alemán de Intercambio Académico y en la University of Bologna Law Review.

Partícipe de múltiples estancias internacionales de larga duración en Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia y Argentina.

Miembro antiguo colaborador en los Departamentos de Derecho Penal y de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba.

Gestación subrogada. Crítica a sus críticas. Sobre porqué es moralmente lícita y legalizable.

27,00

De acuerdo con el viejo principio de los juristas romanos mater semprecertaest (la madre siempre es conocida) mientras que patersempreincertusest (el padre siempre es desconocido). Sin embargo, con el surgimiento de la gestación subrogada (GS), esta idea milenaria se tambalea.

Lo que el lector hallará en este libro será, por un lado, una recopilación exhaustiva de los distintos argumentos en contra de la GS. Y por otro, un examen minucioso de los mismos. Todo ello escrito con un lenguaje llano y directo, con la intención de apelar por igual al académico y al público no especializado que busque conocer la cuestión con mayor profundidad.

La tesis final a la que se llegará será doble: en primer lugar, que la GS altruista o comercial es, en condiciones de libertad e información suficiente, éticamente irreprochable. Y en segundo lugar, que, si bien aún no puede afirmarse categóricamente, todo apunta a que la legalización en España (o en países del primer mundo) de la GS intranacional, altruista o comercial, no comporta peligros significativos, por lo que no existirían razones de peso en contra de su regulación.

Durante siglos maternidad, embarazo y alumbramiento, han formado una tríada indesligable. Hablar de “madres sin parto” parecía absurdo. Este texto pretende mostrar lo contrario, evidenciando que la GS es una manera perfectamente válida de crear una familia.

Gonzalo Fernandez Codina (1993) Barcelona. Filósofo y jurista. Co-fundador y editor jefe de Revista Libertalia (www.revistalibertalia.com)

Globalización y Derechos Humanos.

20,00

Enric R. Bartlett

M.ª Dolores Bardají

(Coords.)

Luis de Sebastián

Salvador del Rey

Xavier Mena

Florentino Portero

Luis de Guindos

Eduard Sagarra

ÍNDICE GENERAL

GLOBALIZACIÓN: MITOS Y REALIDADES

1ª Ponencia

Luis de Sebastián

EUROPA ANTE LA GLOBALIZACION

2ª Ponencia

Salvador del Rey Guanter

LOS RETOS QUE LA GLOBALIZACIÓN PLANTEA

3ª Ponencia

Profesor F. Xavier Mena

LOS RETOS QUE LA GLOBALIZACIÓN PLANTEA

4ª Ponencia. Contraponencia

Profesor Florentino Portero

EL GOBIERNO DE LA GLOBALIZACIÓN

5ª Ponencia

Profesor Luis de Guindos

EL GOBIERNO DE LA GLOBALIZACIÓN

6ª Ponencia. Contraponencia

Dr. Eduard Sagarra Trias

Inmigración irregular y derechos fundamentales: ¿Hay límites?

29,00

La inmigración irregular es una realidad tan incontrovertida que el mundo del Derecho no puede escapar a ella.

Este libro parte de los conceptos inmigración irregular y persona para hacerlos conectar con el de asilados y refugiados. Y no lo hace de cualquier forma, sino tomando como punto de partida los derechos fundamentales. Si los derechos afectan a todos en cuanto personas, también alcanzarían a los inmigrantes por muy irregular que fuese su situación. Pero, así como todos los derechos tienen limitaciones en su ejercicio, también son en esta materia fuertemente vulnerados y no satisfechos como debieran.

Un recorrido que va desde las declaraciones Universales de derechos, hasta las Directivas comunitarias y los Convenios Internacionales en la materia, pasando por el derecho español e italiano, resulta ambicioso y no exento de complejidad. Sin embargo, el carácter transversal de este estudio permite hacer una visión tridimensional de aquellas personas que, en muchas ocasiones, el ordenamiento jurídico las coloca en un “limbo jurídico” y contradictorio sin que nuestras conciencias sepan reaccionar a tiempo. Es verdad que el sol luce para todos, pero, tristemente, el orden internacional instaurado en nuestro primer mundo, olvida esta afirmación. La soberanía nacional de los Estados emerge de manera defensiva, sin necesidad de que reciba el agua del egoísmo. El mensaje del Papa Francisco es contundente y firme en el cambio de las conciencias por un principio de solidaridad universal. Pero ¿calarán sus palabras en algunos dirigentes?

José Manuel Leonés Salido (Málaga 1962).

Letrado de la Administración de la Seguridad Social (desde 1989) y Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y legislación de Madrid(desde 2003).

Premio extraordinario de Licenciatura por la Universidad de Málaga (1985).

Premio del Consejo General de la Abogacía en 1992

Tiene publicados medio centenar de artículos y varios libros.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple 60 años.

22,00

Seminario Permanente de Derechos Humanos Antonio Marzal XV Sesión

Enric R. Bartlett

M.ª Dolores Bardají

(Coords.)

Paloma Durán y Lalaguna

Julio Añoveros

Ignacio Astarloa

Bernardo del Rosal

Alberto de la Hera

Esther Sánchez

Miguel Rodríguez-Piñero

ÍNDICE GENERAL

Prólogo

PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA DECLARACIÓN: VIGENCIA

1ª Ponencia

Paloma Durán y Lalaguna.

I. Introducción .

II. Aproximación histórica.

III. Concepto de Derechos Humanos.

IV. Justificación de los derechos.

V. Las organizaciones internacionales. El papel de Naciones Unidas.

PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA DECLARACIÓN: VIGENCIA

2ª Ponencia. Contraponencia

Profesor Julio Añoveros.

I. Introducción

II. Valor jurídico de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

LOS DERECHOS A LA LIBERTAD, A LA SEGURIDAD DE LA PERSONA, A LA NO-SUMISIÓN, A ESCLAVITUD O SERVIDUMBRE ¿ESTÁN SUFICIENTEMENTE GARANTIZADOS EN LA UNIÓN EUROPEA?

3ª Ponencia

Profesor Ignacio Astarloa.

I. Introducción

II. Los derechos a la libertad, a la seguridad de la persona, a la nosumisión,

a esclavitud o servidumbre

LOS DERECHOS A LA LIBERTAD, A LA SEGURIDAD DE LA PERSONA, A LA NO-SUMISIÓN, A ESCLAVITUD O SERVIDUMBRE ¿ESTÁN SUFICIENTEMENTE GARANTIZADOS EN LA UNIÓN EUROPEA?

4ª Ponencia. Contraponencia

ProfesorBernardo del Rosal.

I. Introducción .

II. ¿Dónde está y a dónde va el Derecho Penal?.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO Y RELIGIÓN: ¿TOLERANCIA, COOPERACIÓN O CONFLICTO?

5ª Ponencia. Contraponencia

Profesor Alberto de la Hera.

I. Introducción .

II. Estado social y democrático de derecho y religión.

III. A modo de conclusión.

EL DERECHO AL TRABAJO, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO EN TIEMPOS DE CRISIS Y EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA

6ª Ponencia Dra. Esther Sánchez .

I. Introducción .

II. A modo de premisa: el derecho del trabajo como derecho

social, económico, político y civil .

III. Un condicionante: la irrupción del mercado capitalista y la

imposición de la lógica de la flexibilidad.

IV.Una solución a medio desarrollo: la flexi-seguridad.

V. Un reto mal planteado.

VI. Y un reto por plantear.

EL DERECHO AL TRABAJO, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO EN TIEMPOS DE CRISIS Y EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA

7ª Ponencia. Contraponencia

Profesor Miguel Rodríguez-Piñero.

Introducción .

Derechos sociales en Europa.

El derecho del trabajo .

La función social de la Defensoría del pueblo y el canal de denuncias. Una cuestión de Ciudadanía.

16,00

Este libro pretende ofrecer al lector una muestra amplia y detallada acerca de la función social de la Defensoría del Pueblo y las actuaciones del Canal de Denuncias en la gestión de los procesos, con el enfoque en la solución end-to-end, para una actuación efectiva del Case Management en instituiciones públicas y privadas. En ese sentido, se puede constatar que las actividades de estos canales están centrados en la recepción, análisis, investigación y tratamiento de las quejas recibidas, asumiendo la responsabilidad de apertura, cierre y demás actos relativos a los casos presentados, desarrollando así un trabajo eficiente y efectivo, con la búsqueda de evidencias y producción de elementos probatorios, cumpliendo con los principios y derechos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, con el objetivo de detectar y manejar casos que presentan conductas criminales, comportamiento poco ético, estafadores y detentores de informaciones, de modo que las prácticas y actitudes que no cumplan con el Código de Conducta y Ética Organizacional sean informadas de manera responsable y analizadas por los canales de quejas y denuncias.

En este contexto, se puede afimar que se trata de un instrumento de control interno en el ámbito de la administración pública, y una herramienta estratégica de inteligencia empresarial, siendo un gran aliado para la gestión de riesgos en las organizaciones. Así pues, se destaca la importancia de los canales de atención al ciudadano, cuya finalidad es estimular la participación social para la concreción del ejercicio pleno de la ciudadanía y promover la toma de consciencia respecto a sus derechos y garantías fundamentales, tales como: igualdad, libertad y dignidad, independientemente de raza, color, religión o clase social. A su vez, el referido canal debe actuar de modo que proporcione una comunicación accesible a todos, basado en el respeto a la diversidad, libre de racismo y discriminación, y sobre todo, con el compromiso de fomentar la inclusión social y promover la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es la utilización de la ciencia con conciencia.

Roberta LÍDICE. Profesora, conferenciante e Investigadora. También abogada y consultora jurídica. Actuante en el ámbito preventivo y consultivo en las áreas de Derecho Penal, Derecho Administrativo, Gestión Pública y Empresarial con énfasis en la actuación en Defensoría del Pueblo/Ombudsman. Defensora del Pueblo certificado por la Ouvidoria-Geral da União (OGU) y la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), para el ejercicio de la actividad de Defensoría del Pueblo y Participación Social.

Doctoranda en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad por La Universidad de Salamanca (USAL) – España; MBA/Máster en Géstion Pública: Políticas y Gestión de Gobierno; y Especialización en Derecho Empresarial.

La objeción de conciencia : estructura y pautas de ponderación.

21,00

El reconocimiento del derecho de libertad ideológica y religiosa lleva aparejada la facultad subjetiva de actuar conforme a las propias convicciones personales, lo cual resulta especialmente problemático cuando tal opción se contrapone a un mandato jurídico. En ese momento aparece la objeción de conciencia, un derecho que, pese a su relación con un derecho fundamental, constituye una facultad diferenciada particularmente problemática en cuanto a su caracterización y ejercicio. Por sus características y su especial incidencia en el Estado de Derecho, las sociedades democráticas necesitan contar con una regulación clara y precisa que delimite el contenido y limite el ejercicio de la objeción de conciencia de manera que permita compatibilizar la pretensión del objetor en los términos reconocidos con la salvaguarda de los demás derecho, intereses y bienes jurídicos que pudieran verse afectados por su conducta.

Índice (Extracto):

Introducción.

I. FUNDAMENTACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA.

1. Libertad de pensamiento y objeción de conciencia.

2. La naturaleza de la objeción de conciencia: su carácter de derecho no fundamental.

3. Objeción de conciencia y objeciones de conciencia

4. Distinción de la desobediencia civil

II. CONCEPTO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA.

1. Tratamiento doctrinal

2. Desarrollo jurisprudencial

3. Regulación en el Ordenamiento Jurídico español

4. Tipos de objeción de conciencia.

5. Dificultades de una definición unitaria.

III. ESTRUCTURA INTERNA

1. Las convicciones personales como fundamentación

2. E l elemento objetado: el deber jurídico

3. Ámbito subjetivo del derecho

4. Tipo y grado de actividad requerido por parte del objetor

5. Elementos incidentales

IV. PAUTAS PARA VALORAR EL EJERCICIO DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

1. De la identificación de la conducta a la ponderación del ejercicio del derecho.

2. El entorno de la objeción de conciencia.

3. Límites al ejercicio de la objeción de conciencia

4. Criterios aplicables a los juicios de ponderación

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

Sobre el autor:

Daniel Capodiferro Cubero

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Carlos III de Madrid. Su principal línea de investigación es la incidencia de la libertad ideológica en el ámbito sanitario y, en particular, la objeción de conciencia en el ejercicio de las profesiones vinculadas al mismo.