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El control de los cibermedios.

29,00

Una perspectiva de análisis jurídico de los medios de comunicación digitales, tanto a nivel interno como comparado, permite concluir que se plantean similares problemáticas en los diversos Estados, como pueden ser la de determinar si procede una idéntica protección constitucional y jurídica a los medios tradicionales y a los cibermedios, la corrección jurídica de medidas restrictivas como el cierre de páginas webs o blogs, la aplicación de la protección de derechos de terceras personas como mecanismo de los juicios paralelos y el alcance del derecho al olvido. Estas problemáticas demuestra la dificultad de regulación específica de la temática de los medios de comunicación digitales y sobre todo el establecimiento de mecanismos de control de su actividad. La estructuración de sistemas de control o supervisión de cibermedios requiere de unas pautas y parámetros específicos, con articulación subjetiva y objetiva de mecanismos de autorregulación y unas reglas de conducta explicitadas y publicadas en el propio medio con carácter más genérico.

El control judicial de los medios de comunicación.

33,00

El presente trabajo se ha centrado en el análisis del control judicial y los parámetros utilizados por la jurisprudencia para resolver las colisiones entre derechos en materia de medios de comunicación, tanto desde una perspectiva comparada como del propio ordenamiento jurídico interno. Los actuales sistemas de control de los medios de comunicación tienden a confluir, con interconexiones entre los diferentes mecanismos de ejercicio del control, que se pueden caracterizar como actividades de autorregulación, corregulación y de regulación. La actividad de ponderación judicial tiende a objetivizar los comportamientos, de forma que se puede decir que configuran parámetros que funcionan como normas y que recaen sobre la responsabilidad de los medios para determinar la importancia del objeto o contenido de la información o el cumplimiento de un código ético de carácter profesional. La importancia creciente de los medios de comunicación audiovisual implicará que se extienda los parámetros combinados de control a los otros medios de comunicación como la prensa escrita, que deberá adoptar criterios de autorregulación, corregulación y de regulación similares a los utilizados en la Ley General de Comunicación Audiovisual y compatibles entre sí.

El Derecho del mar y las personas y grupos vulnerables.

51,00

La evolución del Derecho del mar ha dejado en descubierto la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan personas y colectivos humanos. Esta obra trata de hacerse eco de esta evolución y de la actualidad de las cuestiones que se refieren a las personas y los grupos vulnerables en un entorno marítimo, presentando estas situaciones desde una perspectiva jurídica. En este sentido, se tratan cuestiones como: los Derechos humanos desde una perspectiva del Derecho del mar; los Estados fallidos en el orden jurídico de los mares y océanos; el caso de los niños quienes pueden ser objeto de trata de personas y de trabajo forzoso; la situación particular de las gentes del mar jubiladas; la presencia de la mujer en el mundo marino, y en particular, en la pesca; la situación de las personas que prestan su trabajo en entornos laborales poco escrupulosos con el respeto de los derechos sociales como ocurre con frecuencia en buques con pabellón de conveniencia o no cumplidores con las normas internacionales; la crisis migratoria en el mar; las personas y los grupos vulnerables de los países en desarrollo y de los pequeños Estados insulares y archipelágicos que se están enfrentando a desafíos singulares y particulares puestos en evidencia por la evolución del Derecho del mar, tales como el calentamiento global, la elevación del nivel del mar, así como el acceso y el reparto de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos marinos; la situación de los Territorios no autónomos en el Derecho contemporáneo del mar; y los Derechos pesqueros de los pueblos indígenas.

El principio de legalidad en la jurisdicción de menores.

59,00

El principio de legalidad constituye el pilar del Estado de Derecho en Europa y, podría afirmarse que, también, en toda la humanidad, siendo el mayor protector de la libertad individual en el contexto del Derecho penal. En el Derecho penal juvenil, el principio del interés superior del menor es otro pilar fundamental que sostiene toda la edificación legislativa, judicial y socioeducativa.

La finalidad de esta obra es el valorar la compatibilidad del articulado que representa el interés del menor con la Constitución, y, para ello, hemos confrontado el principio del interés del menor con el de legalidad. Se hace necesario valorar la relación entre ambos principios a la luz de la Constitución debido a que, en el Derecho penal juvenil, suele tolerarse cierto nivel de “flexibilización de garantías” o relativización de los principios penales tradicionales en virtud o con fundamento en el interés del menor. Como consecuencia de tal flexibilidad, se produce un desequilibrio en la balanza de principios que sustentan el Derecho penal juvenil: en un plato de la balanza, el principio del interés superior del menor –a favor del cual se decanta la balanza- y, en el otro, los principios del Derecho penal, en particular el de legalidad. Consecuencia de ese desequilibrio, podemos afirmar la existencia de una relación conflictiva entre garantías penales y el concepto del interés del menor.

Proponemos algunas soluciones para abordar dicha relación conflictiva. Entre dichas soluciones, sugerimos la reconversión del principio del interés superior del menor en derecho fundamental a la educación aplicado en el contexto de la justicia juvenil.

Joan Manel Gutiérrez se licenció en Derecho, en la Universitat Pompeu i Fabra, en el año 2003 y empezó a ejercer diversas profesiones jurídicas en calidad de sustituto, a partir del año 2004. Ha sido juez, primero en Ripoll, y después en varios juzgados más de Barcelona. Posteriormente, abogado de la Generalitat, en el Gabinete Jurídico de la Generalitat de Catalunya, en el equipo penal, donde ejerció la representación legal y defensa de la Generalitat en los juzgados de menores de Barcelona. Más tarde, ha sido fiscal, adscrito a la Fiscalía de Barcelona y, actualmente, es jurista en la Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior.

EXTRACTO DEL ÍNDICE

PRIMERA PARTE:

LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y DERECHO PENAL JUVENIL

CAPÍTULO I: FUNDAMENTO Y NATURALEZA

CAPÍTULO II: PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. CONCEPTOS BÁSICOS

SEGUNDA PARTE

GARANTÍAS E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

CAPÍTULO III: ESPECIAL CONSIDERACIÓN DEL INTERÉS DEL MENOR

CAPÍTULO IV: INDIVIDUALIZACIÓN DE LA CONSECUENCIA JURÍDICA

TERCERA PARTE

LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA EN EL QUEBRANTAMIENTO

DE LA PENA JUVENIL NO PRIVATIVA DE LIBERTAD

CAPÍTULO V: LA CUESTIÓN DE LA ADECUACIÓN CONSTITUCIONAL

CAPÍTULO VI: OTROS PROBLEMAS RELATIVOS A LA SEGURIDAD JURÍDICA

CAPÍTULO VII: LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA EN EL REGLAMENTO

En los límites de la exclusión de la responsabilidad penal. El caso “Jakob von Metzler” y el empleo de la tortura en el estado de derecho.

65,00

La tortura constituye sin duda una conducta delictiva que resulta incompatible con los estándares que caracterizan al Estado social y democrático de Derecho vigente en la amplia mayoría de las democracias occidentales. Dicha violencia física o psicológica infligida por representantes del poder estatal constituye no sólo un ilícito penal según los Textos punitivos internos, sino que, al mismo tiempo, contraviene la normativa internacional aprobada en la materia a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, la evolución cuantitativa y, sobre todo, cualitativa producida en determinados ámbitos de criminalidad, incluyendo la violencia terrorista, ha hecho que en no pocos países democráticos se haya discutido sobre la eventual legitimidad de la denominada «tortura de rescate», a saber, aquellos casos en los que las partes implicadas no se reducen únicamente al torturador y al destinatario de la violencia estatal, sino que más bien cabe hablar de una constelación triangular, en la cual hay que incluir también a la víctima cuya vida se encuentra en serio peligro debido a la acción cometida por la persona detenida, destinataria directa de la tortura. Teniendo en cuenta estos precedentes teóricos, el objetivo del siguiente trabajo se centra en analizar la posible justificación de la «tortura de rescate» a partir del legendario caso «Jakob von Metzler», ocurrido en Alemania en el año 2002. Para ello, el análisis va mucho más allá de una perspectiva exclusivamente jurídico-penal, abordando más bien la problemática desde aspectos tan diversos –a la vez que relevantes– como son la Criminología, la Ética, el Derecho internacional, el Derecho policial o el Derecho constitucional.

Miguel Ángel Cano Paños es Profesor Titular de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Granada. Tras la Licenciatura en Derecho y la Diplomatura en Criminología en la Universidad de Barcelona, Caño Paños se trasladó en el año 1996 a la Universidad de Münster (Alemania), donde realizó un Máster en Derecho Penal bajo la dirección científica de Eberhard Struensee. Posteriormente, en el año 1999 se trasladó a la Universidad de Potsdam (Alemania), con el objetivo de realizar la tesis doctoral en Derecho Penal, dirigida esta vez por Wolfgang Mitsch, concluyéndola con éxito en el año 2003. Tras varias estancias postdoctorales en varios países extranjeros, Cano Paños regresó a España en el año 2008 tras haber obtenido un contrato Ramón y Cajal, siendo su destino la Universidad de Granada, donde obtuvo su plaza de Profesor Titular de Universidad en el año 2014. Posteriormente, en el año 2015 obtuvo su doctorado en Criminología en la Universidad de Murcia, siendo su tesis dirigida por Jesús Barquín Sanz. Los ámbitos de investigación de Cano Paños se centran fundamentalmente en temáticas vinculadas tanto al Derecho Penal como la Criminología, debiendo destacarse la delincuencia terrorista, el crimen organizado, las consecuencias jurídicas del delito, el Derecho penitenciario, las teorías de la criminalidad o la delincuencia juvenil y el Derecho penal de menores. En este sentido, Cano Paños cuenta con numerosas publicaciones, tanto en España como en otros países, debiendo destacarse sus monografías El futuro del Derecho Penal Juvenil Europeo (2006), Generación Yihad: La radicalización islamista de los jóvenes musulmanes en Europa (2010) o Régimen penitenciario de los terroristas en España. La prisión como arma para combatir a ETA (2012).

Inmigración irregular y derechos fundamentales: ¿Hay límites?

29,00

La inmigración irregular es una realidad tan incontrovertida que el mundo del Derecho no puede escapar a ella.

Este libro parte de los conceptos inmigración irregular y persona para hacerlos conectar con el de asilados y refugiados. Y no lo hace de cualquier forma, sino tomando como punto de partida los derechos fundamentales. Si los derechos afectan a todos en cuanto personas, también alcanzarían a los inmigrantes por muy irregular que fuese su situación. Pero, así como todos los derechos tienen limitaciones en su ejercicio, también son en esta materia fuertemente vulnerados y no satisfechos como debieran.

Un recorrido que va desde las declaraciones Universales de derechos, hasta las Directivas comunitarias y los Convenios Internacionales en la materia, pasando por el derecho español e italiano, resulta ambicioso y no exento de complejidad. Sin embargo, el carácter transversal de este estudio permite hacer una visión tridimensional de aquellas personas que, en muchas ocasiones, el ordenamiento jurídico las coloca en un “limbo jurídico” y contradictorio sin que nuestras conciencias sepan reaccionar a tiempo. Es verdad que el sol luce para todos, pero, tristemente, el orden internacional instaurado en nuestro primer mundo, olvida esta afirmación. La soberanía nacional de los Estados emerge de manera defensiva, sin necesidad de que reciba el agua del egoísmo. El mensaje del Papa Francisco es contundente y firme en el cambio de las conciencias por un principio de solidaridad universal. Pero ¿calarán sus palabras en algunos dirigentes?

José Manuel Leonés Salido (Málaga 1962).

Letrado de la Administración de la Seguridad Social (desde 1989) y Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y legislación de Madrid(desde 2003).

Premio extraordinario de Licenciatura por la Universidad de Málaga (1985).

Premio del Consejo General de la Abogacía en 1992

Tiene publicados medio centenar de artículos y varios libros.

Libertad de expresión y derecho a promover y proteger los Derechos Humanos.

21,00

La libertad de expresión y de opinión es un derecho clave para poder ejercer el derecho a proteger y promover los derechos humanos que está protegido por la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada en 1998 por las Naciones Unidas. Existe un Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, que garantiza su protección. Al proteger la libertad de expresión y de opinión no sólo se protege un derecho individual, sino que ello revierte en una protección colectiva de la posibilidad de denunciar las violaciones de los derechos humanos, de realizar una actividad de crítica y debate, de permitir la expresión de aquellas ideas que incluso molestan o de admitir la disidencia. La libertad de expresión y de opinión permite llevar a cabo una actividad de protección y promoción de los derechos humanos, que genera que el periodista, en ocasiones, se convierta en un defensor de los derechos humanos o human rights defender. La contribución que realizan los defensores de los derechos humanos y particularmente, los periodistas, nos permite no sólo estar informados, sino también pensar y actuar sobre los derechos humanos. En este contexto, para comprender la configuración del derecho a promover y proteger los derechos humanos, ha resultado necesario realizar una investigación sobre el sistema de protección de la libertad de expresión en los distintos sistemas universales, regionales y supranacionales de protección de los derechos humanos. De este modo, se ha observado que existe una protección jurídica multinivel también del derecho a promover y proteger los derechos humanos a través de la protección de la libertad de expresión y de opinión, entendida no sólo como un derecho individual, sino como un derecho con una dimensión social, que posibilita la defensa y realización de los derechos humanos.

Nuria Saura Freixes. Profesora de Derecho de la Información y de Libertad de expresión y deontología periodística en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación versan sobre constitucionalismo multinivel y derechos fundamentales, libertades informativas, derechos humanos, derecho internacional humanitario y human rights defenders. Ha participado en proyectos europeos y nacionales de investigación sobre estos temas, con diferentes publicaciones al respecto.

Libertad, Igualdad, Solidaridad: tres principios, una Democracia; la liberal.

59,00

EXTRACTO DEL ÍNDICE

Libertad, Igualdad, Solidaridad: tres principios, una Democracia; la liberal

Seminario Permanente de Derechos Humanos Antonio Marzal.

Sesiones XVI, XVII y XVIII.

Libertad, pluralismo y tipificación.Miguel Ángel Quintanilla Navarro.

¿Cuál es el papel del Derecho y de los juristas al servicio de la Libertad? José J. Pintó Ruiz.

Libertad de expresión: ¿amenaza o baluarte de las libertades? Miguel Ángel Gozalo Sáinz.

Libertad de expresión. Joaquin Borrell Mestre.

Libertad de empresa: ¿la causa o la solución a la crisis? Fernando Fernández Méndez de Andrés.

Libertad de empresa, derecho al trabajo, dignidad humana y crisis económica Pedro Mirosa Martínez.

Libertad: ¿carga o condición para la cohesión social? Rosa Maria Rodríguez Magda.

Una libertad para la diversidad. Maria Dolors Oller Sala.

De qué hablamos cuando hablamos de libertad. Ricardo García Manrique.

Dilemas de la igualdad y la libertad. Mauricio Rojas Mullor.

Instrumentos jurídicos públicos al servicio de la igualdad: la redistribución de rentas. El sistema tributario y el gasto público. Heribert Padrol.

El sistema tributario y el gasto público. Gabriel Elorriaga Pisarik.

Luchas de siglos por la igualdad: algunos protagonistas. Pedro Aguilera Cortés.

La igualdad entre mujeres y hombres. Un apunte sobre la realidad social. Prof. Paloma Durán y Lalaguna.

Igualdad ante la ley y pluralidad de ordenamientos civiles en España. Dr. Sergio Llebaría Samper.

Los juristas y la igualdad. Benigno Pendás.

Sobre la idea de solidaridad. Agustín Luna Serrano.

La recepción por la Constitución de 1978 del principio de solidaridad. Francisco Fernández Segado.

La organización de la Solidaridad. Josep F. Mària.

La organización de la solidaridad. Ana Iribar.

Aspiración humana, afirmación jurídica, dificultades económicas. Tulio Rosembuj.

La solidaridad interesada. Miguel Marín.

La solidaridad entre los pueblos. El derecho a la intervención o injerencia humanitaria. Jordi Sellarés.

Solidaridad y cooperación en los desplazamientos de menores. Salome Adroher Biosca.

Los derechos fundamentales del detenido. Ley reguladora de bases de régimen local. Más de treinta años de desamparo en los calabozos.

22,00

A día de hoy no existe una disposición legal que referencie la naturaleza jurídica de las estancias que configuran los depósitos municipales de detenidos, encontrándonos en un escenario con múltiples intervinientes físicos y jurídicos que no pueden homogeneizar las garantías jurídicas consignadas en nuestra Carta Magna a las personas privadas temporalmente de libertad.

Desde la promulgación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, hace ya más de treinta años, existe un vacío legal que pretende paliarse con la aprobación por parte de determinados Ayuntamientos de Reglamentos internos, en los que se intentan regular entre otros aspectos: el ingreso y cacheo del custodiado, el régimen de sus visitas, sus derechos y deberes, ó como debe realizarse su vigilancia y traslado…

Este libro es fruto de una reflexión personal sobre la necesidad de elaborar y aprobar una Ley Orgánica de custodia de detenidos, pues sólo así se preserva la integridad y el ejercicio efectivo de sus Derechos Fundamentales mientras su actividad deambulatoria se encuentra vetada.

Amalia Fustero Bernad. Juez adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Máster en: Derechos Fundamentales, Criminología y Criminalística, Compliance Officer y en Criminalidad juvenil e intervención delictiva y penitenciaria. Especialista Universitario en Mediación familiar, civil y mercantil. Conferenciante y colaboradora de distintas revistas jurídicas.

Los derechos fundamentales. Derecho a la libertad frente a las medidas cautelares penales.

32,00

Iniciando, tras mi paso por la función de juez de instrucción y magistrada de lo penal, un estudio jurídico profundo de la figura de las medidas cautelares, se me hace evidente que no son estas las que respetan la Constitución si no que existen en función de tal Norma. Ello supone un giro radical en la perspectiva jurídica de tal figura que debe entenderse como parte del contenido esencial del derecho fundamental a la libertad, formalizando y construyendo el ámbito del mismo, y, por ende, al necesario estudio de tal derecho fundamental y cerrando el círculo que conforma nuestro sistema jurídico.

Para alcanzar tal cometido el presente estudio, entendiendo que los derechos fundamentales se estructuran como elementos sociales vivos, debe partirse de cada una de las realidades históricas que han llevado a la configuración, a través de la declaración de los derechos del hombre como hito estructural, actual de los derechos fundamentales de nuestra Constitución.

Desde tal punto de partida también debemos entender que la figura de las medidas cautelares se configura en distintas formas cuyo común denominador se establece en la jurisdiccionalidad de su imposición.